MADRID, 24 de noviembre.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión al Gobierno tras recibir una condena del Tribunal Supremo el 20 de noviembre. Esta sentencia lo inhabilita durante dos años por un delito relacionado con la revelación de secretos, afectando al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

En una carta dirigida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, García Ortiz expresa su decisión de renunciar, reafirmando su "profundo respeto" hacia las resoluciones judiciales y su compromiso con la integridad de la Fiscalía. "No puedo seguir en mi cargo sin conocer la motivación de la sentencia, por lo que he decidido presentar mi renuncia", indica el fiscal en su mensaje.

El exfiscal general subraya que esta decisión no solo es una obligación hacia su institución, sino también hacia toda la ciudadanía. "Es tiempo de apartarme de esta alta responsabilidad al conocer la veredicto", afirma, haciendo eco de la importancia del fallo judicial en su situación.

Reconociendo la gravedad de la decisión del tribunal, García Ortiz argumenta que su inhabilitación significa que el Supremo ha considerado delictivos los hechos que fueron examinados. Sin embargo, sostiene que ha ejercido su labor con un firme sentido del deber y lealtad institucional.

En su carta, también agradece al Gobierno la confianza depositada en él al nombrarlo fiscal general, reflejando una visión de reciprocidad al momento de renunciar a su puesto.

Mientras se espera que el Gobierno designe a un nuevo fiscal general, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, asumirá temporalmente la dirección de la Fiscalía. Ella, que goza de la confianza de García Ortiz, fue quien defendió su inocencia en el juicio.

UN FISCAL GENERAL EN LA MIRA JUDICIAL

La condena impuesta a García Ortiz incluye no solo dos años de inhabilitación, sino también una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales. Esta decisión judicial resultó ser menos severa que lo solicitado por las acusaciones, que exigían penas mucho más drásticas.

La sentencia, dictada por un tribunal integrado mayoritariamente por magistrados conservadores, no fue unánime. La discusión incluyó un voto en contra por parte de dos magistradas que discrepaban con el enfoque del fallo, lo que refleja la polarización existente en el ámbito judicial.

Este caso es histórico, ya que se trata de la primera vez que un fiscal general del Estado enfrenta un juicio. Dicho momento se vuelve aún más significativo al considerar que el juicio concluyó solo una semana antes de la resolución del tribunal, lo que ha generado un gran interés público y mediático.

Se ha hecho pública una parte de la sentencia, que establece la condena por un delito de revelación de datos confidenciales, tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal. Este artículo penaliza la revelación de secretos por parte de funcionarios públicos que acceden a información privilegiada en el ejercicio de sus funciones.

UN RETORNO CON DIFICULTADES

Con su dimisión, García Ortiz ahora debe gestionar su reintegración a la carrera de la fiscalía, que se ha visto interrumpida por su estado de "servicios especiales" como fiscal general. Sin embargo, su regreso podría ser complicado debido a las normativas que rigen el estatuto de los fiscales.

Fuentes legales han señalado que, de acuerdo al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, su condena podría implicar la pérdida de su condición de fiscal. El proceso de rehabilitación se llevaría a cabo a través de la Inspección Fiscal, que evaluaría su caso y emitiría un informe que el nuevo fiscal general presentaría al Ministerio de Justicia.

Los expertos insisten en la importancia de esperar a que se complete el contenido de la sentencia para esclarecer cómo afectarán las disposiciones legales la situación de García Ortiz, particularmente en relación a su futura reinstalación en la carrera fiscal.