Este sábado, centenares de manifestantes han recorrido las principales avenidas de Madrid en una marcha organizada por la asociación Marea Residencias. El objetivo de esta movilización es exigir justicia para las víctimas que fallecieron en residencias durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y promover una mejora en las condiciones de vida de los ancianos y sus cuidadores.

La manifestación comenzó a las 12 del mediodía en la emblemática Plaza de Cibeles, finalizando en la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno regional. Los asistentes portaban pancartas con el mensaje central: 'Justicia para las víctimas en las residencias y dignidad para los que están vivos'.

La protesta estuvo marcada por la emotividad y la reivindicación, con algunos participantes usando caretas blancas y coreando lemas que criticaban la falta de atención sanitaria recibida por los residentes de las residencias durante la pandemia. También se hizo un llamado para recordar a aquellos que perdieron la vida en estos centros.

La diputada de Más Madrid, Diana Paredes, tomó la palabra para expresar el sufrimiento de las familias, subrayando que "7.291 personas murieron de manera indignante". Paredes ofreció su apoyo a quienes continúan buscando justicia en los tribunales, exigiendo que los responsables de los fatídicos protocolos rindan cuentas por sus acciones.

Además, Paredes enfatizó que las familias no deben ser ignoradas por las autoridades. Criticó la actitud "silenciosa" del Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, al afirmar que tras cinco años aún no se ha prestado atención a las quejas e inquietudes de los afectados.

La diputada también se refirió a la falta de respuestas del Gobierno regional, alegando que este ha desestimado las preocupaciones de los familiares. Resaltó que sería vergonzoso seguir protegiendo a quienes implementaron los protocolos que llevaron a esta tragedia sin dar explicaciones claras a la sociedad.

Ante esto, solicitó mayor respeto y transparencia, pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre lo sucedido en las residencias durante los momentos más críticos de la pandemia. Paredes instó al Gobierno a no cerrar la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, abogando por la búsqueda de la verdad y la justicia.

La asociación Marea de Residencias también resaltó la importancia de garantizar los derechos de los ancianos mediante una estructura de cuidados que sea digna y humana, evitando que se repitan decisiones trágicas acerca de a quién se debe atender. Se comprometieron a continuar con su lucha hasta que las familias reciban el reconocimiento y apoyo que merecen.

Entre sus demandas, figura la creación de una Ley estatal que asegure tanto los derechos de los residentes como condiciones laborales satisfactorias para quienes se dedican al cuidado de los ancianos. En este sentido, también sostuvieron que es vital contar con residencias públicas de calidad, dado que las privadas han mostrado tasas más altas de mortalidad durante la pandemia.

Desde Marea Residencias se acusó a las políticas del Gobierno de Madrid de ser "infames", argumentando que la falta de acción y la vulneración de derechos han socavado la confianza de los ciudadanos en el estado de derecho. Aseguraron que la indiferencia institucional ha profundizado el sufrimiento y la desconfianza entre la población.

Por su parte, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso defendió su actuación durante la pandemia, señalando que se han cerrado 143 casos relacionados con los protocolos de derivación hospitalaria y reafirmando que se hicieron todos los esfuerzos posibles para proteger las vidas de los ciudadanos.