MADRID, 23 de noviembre. La Comunidad de Madrid se prepara para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará el 25 de noviembre. Esta fecha se presenta en medio de un férreo enfrentamiento entre las fuerzas políticas del país, donde los partidos de izquierda y derecha utilizan temas como las pulseras antimaltrato y el aborto como armas de combate en este debate crucial.

A lo largo del otoño, la discusión en torno a estas cuestiones ha dominado la agenda política. El Partido Popular (PP) y Vox han exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, citando los fallos en el sistema Cometa de protección a víctimas de violencia de género como un ejemplo de su gestión deficiente. Juntos, estos partidos lograron que la Asamblea de Madrid solicitara en octubre una auditoría externa e independiente para evaluar este sistema y la transparencia en torno a los datos de víctimas.

La portavoz del PP en la Comisión de Mujer, Esther Platero, expresó su preocupación ante los escasos recursos destinados a las pulseras de bajo coste, resaltando que se evidencia el fallo del sistema una y otra vez sin que se tomen las medidas adecuadas. “La ministra oculta información y se distrae con otros asuntos, pero la realidad es alarmante”, declaró Platero.

Criticó además la aparente desatención del presidente Pedro Sánchez hacia la problemática de las pulseras, al tiempo que señalaba el contraste entre la retórica y las acciones del PSOE, que se proclama feminista mientras ignora los problemas sistémicos detrás de la violencia contra la mujer. “Se autodenominan los más defensores de las mujeres, pero sus acciones cuentan una historia diferente”, afirmó.

Platero hizo hincapié en la importancia de seguir luchando contra la violencia de género, independientemente del número de víctimas, y recordó la significancia de la Ley 5/2005, que estableció una estructura robusta para apoyar a las víctimas en Madrid.

Por su parte, la portavoz de Vox en la misma comisión, Belén González, coincidió en condenar la hipocresía del Gobierno al clasificar el feminismo como una causa insignia, mientras las mujeres maltratadas viven en la desprotección. “La prioridad del Gobierno son las iniciativas simbólicas; debería enfocarse en proteger a las víctimas con medidas concretas”, enfatizó.

González abogó por un cambio en la manera en que se aborda la violencia de género, sugiriendo la necesidad de una protección efectiva y no simplista, abarcando todas las víctimas, independientemente de su situación legal o estatus social. Destacó la urgencia de poner atención a otros problemas como la seguridad barrial y la inmigración ilegal.

En contraste, desde Más Madrid, la portavoz Mariana Arce acusó a la derecha de utilizar un “feminismo superficial” al hablar sobre las pulseras antimaltrato, sugiriendo que solo las mencionan cuando les es conveniente. “Aprovechan el discurso solo para obtener titulares sin ofrecer soluciones genuinas”, criticó.

Arce expresó su decepción frente a una Comunidad de Madrid que enfrenta un panorama desolador en este ámbito, acusando a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de restringir los derechos de las mujeres, especialmente en el contexto del aborto. “Se ha evidenciado un doble rasero en este asunto”, argumentó.

Por otra parte, la portavoz del PSOE, Lorena Morales, también subrayó la falta de recursos adecuados para abordar la violencia de género en Madrid, enfatizando que las políticas actuales son insuficientes. “Las mujeres no podemos ser el 0.1% de las prioridades del Gobierno”, exclamó, añadiendo que la escasez de fondos limita seriamente los esfuerzos para combatir esta problemática.

Morales instó a la presidenta Ayuso a renovar y actualizar las estrategias existentes contra la violencia de género, advirtiendo que muchas de ellas ya están caducadas y sin recursos asignados. También pidió que tomara ejemplo de la labor que se realiza en el Congreso para fortalecer la respuesta contra esta crisis social.

Finalmente, Morales denunció el compromiso de Ayuso con intereses políticos que, según ella, van en detrimento de las mujeres, sugiriendo que su atención a la salud pública tampoco es suficiente al señalar que busca que las mujeres tengan que ir a otras comunidades para acceder a servicios de abortos.