Madrid, 23 de noviembre.

Este miércoles y jueves, las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid entrarán en huelga bajo el lema "Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian". La protesta nace de la denuncia de una "infrafinanciación" persistente en estos centros educativos, y se opone a diversos aspectos de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende presentar a la Asamblea antes de que finalice el año.

El pasado septiembre, tras unos meses del inicio de la actual legislatura, la presidenta regional dio a conocer las bases de la futura ley, enfocándose en la "defensa de la libertad y la excelencia" educativa frente a lo que considera un "lastre" de la Ley Orgánica del Sistema Universitario vigente. Desde entonces, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, bajo la dirección de Emilio Viciana, ha estado trabajando en un extenso proyecto que aún continúa en desarrollo.

Uno de los puntos más preocupantes dentro de esta ley es la financiación de las universidades públicas, las cuales han advertido sobre la "asfixia económica" que las rodea. Rectores de instituciones como la Complutense y la Autónoma han señalado el "riesgo crítico" que enfrentan por la falta de recursos, un tema que ha sido recurrente en sus discursos en los últimos meses.

El primer borrador de la ley sugiere un nuevo modelo de financiación que se dividiría en tres componentes: uno básico para personal e inversiones, otro destinado a necesidades específicas como infraestructuras, y un tercero vinculado a objetivos de desempeño. De este último apartado, la Comunidad destinaría 10 millones de euros a aquellas universidades que logren ciertos hitos académicos o de investigación.

Además, se propone que las universidades públicas deben generar al menos el 30% de sus gastos a partir de fuentes distintas a las transferencias regionales, lo que coloca una presión adicional sobre su financiamiento.

La Consejería, liderada por Viciana, afirma que ha estado recabando sugerencias de la comunidad educativa para lograr la mayor aceptación posible de esta nueva ley. Las reuniones con rectores se intensificaron durante el verano, destacando una cita reciente a mediados de este mes enfocada en compartir inquietudes y recomendaciones que se reflejarán en el texto final.

En otro ámbito, el Proyecto de Presupuestos del Gobierno autonómico prevé destinar el próximo año 1.239,7 millones de euros a las universidades públicas, lo que representa un incremento de 75,3 millones respecto a 2025, un aumento del 6,5%. Esta cifra corresponde a más del 4% del presupuesto total de la región para el próximo ejercicio.

Sin embargo, estos incrementos han sido calificados como "insuficientes" por parte de estudiantes y trabajadores de las universidades, quienes están exigiendo que la financiación llegue a ser el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. La coordinadora de las plataformas universitarias ha señalado que el aumento anunciado se traduce solo en un incremento del 0,44% al 0,46%, lo cual consideran insostenible.

En este contexto, critican que el Gobierno regional se desentiende de una parte significativa de la financiación, aportando solo el 70% y dejando el 30% a las universidades. Este modelo de financiamiento basado en objetivos, argumentan, compromete la calidad de la educación y eleva la dependencia del capital privado, lo que podría resultar en mayores tasas de matrícula.

La plataforma ha expresado su preocupación ante lo que perciben como un "desvío hacia un modelo empresarial" para la universidad pública, denunciando laxitudes en las regulaciones que permiten la creación de entidades lucrativas en torno a la educación superior y una creciente privatización del sector en Madrid.

A pesar de estas críticas, Viciana señaló en octubre que no es realista esperar que las universidades reciban el 1% del PIB, tal como establece la LOSU. Califica esta cifra de "arbitraria" y considera que solo busca "hipotecar nuevamente" a las comunidades autónomas, razón por la cual ha rechazado participar en la comisión de trabajo establecida por el Ministerio de Universidades.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido la primera en solicitar un respaldo financiero ante su situación. A finales de octubre, el Gobierno regional aprobó un préstamo por 34.469.224 euros para hacer frente a su déficit estructural, además de que deberá presentar un Plan Económico Financiero (PEF) para cumplir con las exigencias de estabilidad presupuestaria.

El rector de la UCM, Joaquín Goyache, ha asegurado que las nóminas del personal están garantizadas y que se mantiene la política de estabilización de plazas para el personal docente e investigador, con un enfoque en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan de Actuaciones.

Desde el Gobierno de Ayuso afirman que se encuentran dispuestos a colaborar para asegurar "el buen funcionamiento y la excelencia" de las universidades madrileñas. No obstante, argumentan que el problema de las universidades radica en un exceso en las contrataciones, especialmente de figuras no funcionarios, lo que ha llevado a un descontrol en sus plantillas.

Además del nuevo sistema de financiación, la futura Ley de Universidades incluirá un régimen sancionador. Las propuestas iniciales contemplaban multas severas por violaciones graves de la libertad de expresión en los campus, aunque tras las últimas rondas de discusión, el monto máximo de estas sanciones se ha reducido a 300.000 euros y algunas infracciones no estarán vinculadas a la operación normal de los campus.

Para los representantes de las plataformas de las universidades, estas reformas significan una "injerencia" mayor del Gobierno regional en la autonomía universitaria, creando lo que consideran una "mordaza" para las libertades estudiantiles.

Antes de la huelga programada para los días 26 y 27, se han llevado a cabo otras movilizaciones que han resaltado la situación de "asfixia" económica de las universidades. Una de las manifestaciones más destacadas ocurrió en la Puerta del Sol, donde decanos de la Complutense exigieron un "plan realista de financiación" y se manifestaron en contra de la nueva normativa regional.

Igualmente, varios docentes se han manifestado realizando clases al aire libre en Madrid para apoyar a los concentrados y reivindicar la labor del cuerpo docente. Las protestas de la próxima semana cuentan con el respaldo de los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y CNT.