En la jornada del 24 de noviembre, se ha hecho pública la convocatoria de dos manifestaciones por parte de la coordinadora de plataformas que reúne a trabajadores y estudiantes de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Este movimiento busca presionar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que incremente la financiación destinada al sector educativo.

Los representantes de esta plataforma, durante una rueda de prensa llevada a cabo frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, exigieron la anulación de la propuesta Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y demandaron un nuevo plan plurianual de financiación. Además, dejaron abierta la posibilidad de implementar una huelga indefinida si no se atienden sus peticiones.

La profesora Eva Aladro, miembro de la plataforma y representante de la Universidad Complutense de Madrid, resaltó la necesidad de iniciar un diálogo constructivo entre los rectorados, sindicatos y estudiantes. "Es crucial que se elabore un texto que respalde de manera efectiva a la universidad pública, evitando medidas que puedan llevar a su estrangulamiento", afirmó, haciendo referencia a la difícil situación financiera de la UCM, que se ha visto obligada a solicitar un préstamo de 34,5 millones de euros.

La primera manifestación está programada para este miércoles a las 15:30 horas, frente a la Consejería de Educación, encabezada por Emilio Viciana. El segundo evento de protesta se llevará a cabo el jueves a las 18 horas, comenzando en Atocha y concluyendo en la emblemática Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno regional, la Real Casa de Correos.

Asimismo, los Consejos de Estudiantes de las universidades públicas han expresado su total apoyo al movimiento de huelga y han decidido convocar lo que han denominado "el primer paro académico de la historia" en la Complutense, Autónoma (UAM) y Rey Juan Carlos (URJC). Este paro busca facilitar que los estudiantes ejerzan su legítimo derecho a interrumpir la actividad académica.

De acuerdo con un comunicado emitido por los organizadores, el paro académico se ampara en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que contempla el derecho de los estudiantes a manifestarse, y debe ser implementado en las respectivas universidades para asegurar su efectividad.