El incremento de la violencia sexual en Madrid ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad. Según el sindicato CCOO Madrid, en lo que va de este año se han registrado 1.582 delitos relacionados con la libertad sexual, lo que representa un alarmante aumento del 8,6% respecto al año anterior. Este crecimiento ha sido atribuido a una sensación de desconfianza hacia el sistema que supuestamente protege a las víctimas.

Durante la presentación de su informe anual en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, CCOO Madrid enfatizó la urgencia de implementar nuevas estrategias para combatir esta problemática. La responsable del área de Mujer del sindicato, Lidia Fernández, junto a la secretaria general, Paloma López, reivindicaron la creación de un programa integral que promueva tanto la sensibilización como la formación en temas de género.

Fernández subrayó que la reciente estadística revela que en el segundo trimestre de 2024 ocurrieron 1.457 delitos de este tipo, con un significativo aumento en 2025. Esta tendencia preocupante pone de manifiesto la necesidad de visibilizar y abordar la violencia de género de manera eficaz, además de confrontar la narrativa que minimiza su gravedad.

Un estudio adicional realizado por NeuroStar indica que más de 4,4 millones de mujeres han experimentado acoso sexual en el ámbito laboral a lo largo de sus vidas. Fernández explicó que este tipo de agresiones se reportan con poca frecuencia y, lamentablemente, reciben aún menos sanciones. La violencia de género, según ella, es un problema intrínseco a la estructura social y los asesinatos son solo "la punta del iceberg".

Cabe destacar que el informe, que fue cerrado el 10 de noviembre, no toma en cuenta los recientes asesinatos de mujeres que han conmocionado al país. En la Comunidad de Madrid, se han reportado tres casos en 2025, una cifra que se mantiene similar a la del año anterior. Fernández instó a la sociedad a no olvidar que la violencia contra las mujeres es una grave violación de derechos humanos y una representación extrema de la desigualdad entre géneros.

Asimismo, la responsable del sindicato insistió en la importancia de que las víctimas se sientan motivadas a denunciar y buscar ayuda. Señaló que existe una necesidad urgente de sensibilizar a quienes rodean a las mujeres que sufren violencia, ya que muchas optan por no reportar sus experiencias, temiendo que el sistema no les brinde la protección necesaria.

Fernández también observó un creciente número de mujeres que han rechazado declarar como testigos, lo que indica una falta de confianza en los mecanismos de apoyo existentes. En la Comunidad, solo 329 mujeres han recibido asistencia bajo el artículo 27 de la Ley Integral, una cifra que se queda corta en comparación con otras regiones del país.

Paloma López, por su parte, criticó la caducidad de las estrategias implementadas por la Comunidad de Madrid en relación a la violencia de género, las cuales no han recibido actualizaciones o fondos desde 2021. La falta de objetivos claros en las inversiones actuales ha llevado a que los recursos se destinen siempre a las mismas iniciativas, cada vez más limitadas.

Sin embargo, a pesar de las preocupaciones, los créditos destinados a programas de apoyo a la violencia de género han aumentado, pero la ejecución de estos fondos sigue siendo insuficiente, con solo un 30,76% de ejecución con respecto al total asignado hasta la fecha.

López enfatizó la necesidad de crear una nueva estrategia que aborde la violencia de género de forma integral y propuso que se establezca una comisión de seguimiento del Pacto de Estado, que incluya a organizaciones de mujeres y otros actores sociales. También subrayó la importancia de garantizar recursos suficientes para hacer frente a esta problemática.

Además, hicieron hincapié en que los centros de apoyo a víctimas de violencia de género deben enfocarse en aquellas mujeres en situación de riesgo, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de estos servicios sin contar con el personal o recursos adecuados.

Por último, los representantes del sindicato pidieron una revisión de los servicios de atención, proponiendo que sean considerados esenciales y que se desarrollen programas de inserción sociolaboral. Asimismo, subrayaron la necesidad de adoptar medidas legales para abolir la prostitución y garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.