
La reciente propuesta de subvención en los presupuestos para el año 2025 refleja un incremento del 0,9%, una cifra que ha sido catalogada como “insuficiente” por parte de las autoridades académicas, quienes consideran que esta situación podría acentuar el “déficit estructural” en la financiación educativa.
MADRID, 28 Nov.
En un claro acto de descontento, las seis universidades públicas de Madrid —Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Rey Juan Carlos y Alcalá— han expresado su preocupación por la financiación propuesta para el próximo año a través de una carta conjunta. Este documento ha sido enviado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y fue aprobado tras celebrarse consejos extraordinarios en cada una de las instituciones.
Según ha podido saber Europa Press, y adelantado por el periódico 'El País', la misiva de los rectores alerta sobre una “insostenibilidad económica” que amenaza con comprometer la “calidad del servicio público”. Los responsables de las universidades han dirigido su atención hacia el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2025, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria, condenando su contenido.
En su comunicación, los rectores han señalado que el borrador de los presupuestos no contempla las transferencias imprescindibles para mitigar el impacto de la inflación en los suministros. Asimismo, han criticado que no se cubre el incremento salarial que fue acordado por el Gobierno central, ni se establecen los recursos necesarios para cumplir con las demandas de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). También han señalado la falta de financiación para asegurar el mantenimiento de los edificios, lo cual es vital para su funcionamiento y para garantizar la seguridad.
Por consiguiente, consideran “imprescindible” que se realicen enmiendas a los presupuestos durante su tramitación en la Asamblea de Madrid, instando a un aumento notable en la partida destinada a infraestructuras, la cual se encuentra en 7,6 millones de euros. Además, reclaman la creación de un modelo de financiación plurianual que contemple la adaptación de las plantillas a la LOSU.
En ausencia de modificaciones significativas, se estima que las seis universidades públicas recibirán una subvención total de 1.052 millones de euros en 2025, lo que representa un ligero aumento del 0,9% respecto a los 1.042 millones asignados en el presupuesto vigente. Esto se traduce en un incremento de apenas 9,4 millones de euros. Los rectores sostienen que la partida destinada a subvenciones no responde a las necesidades planteadas y “enmascara” una reducción real en la financiación, lo que deteriora aún más el déficit estructural ya existente.
Este aumento de inversión para las universidades públicas, equivalente al 0,43% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid —la más alta de España—, se sitúa por debajo de la media nacional que alcanza el 0,55% y muy distante del objetivo del 1% estipulado por la LOSU.
Más allá de la cuestión de financiación general, los rectores han destacado su preocupación por las transferencias corrientes destinadas a obras y reformas, que ascienden a 7,67 millones de euros a compartir entre las seis universidades. Esta cifra, según manifiestan, se encuentra congelada desde 2014 y resulta visiblemente insuficiente para atender las necesidades de un alumnado y personal que, sumando todas las instituciones, llega a cerca de 250.000 individuos, entre profesores, investigadores, técnicos y estudiantes.
La carta también señala que la infrafinanciación ha sido una constante durante más de 15 años, llevando a las universidades a una “situación crítica” que podría volverse insostenible en el corto plazo. Los rectores advierten de problemas que incluyen la precariedad laboral, la falta de oportunidades para sustituir jubilaciones, y las limitaciones en la promoción del personal, así como la paralización de proyectos académicos y de investigación y la dificultad para atraer talento. Todo ello sumado a infraestructuras que podrían considerarse obsoletas y riesgosas.
Según un informe realizado por la Fundación CYD, la Comunidad de Madrid ocupó, durante el curso 2021-2022, el último lugar en transferencias corrientes y de capital a sus universidades públicas, destinando apenas 4.779 euros por alumno. Esta cifra contrasta drásticamente con los 9.397 euros por alumno que se destinan en La Rioja o los 6.118 euros de media en el resto del país. Curiosamente, la Comunidad de Madrid es también la que cuenta con el precio medio más alto de la primera matrícula, sólo superada por Navarra.
Ante este desencuentro, el Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, afirmó a principios de noviembre que su Consejería busca desarrollar un plan que contemple las necesidades de las universidades públicas, especialmente en lo que se refiere a infraestructuras, sin importar cómo avance la tramitación de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). “Nuestra intención es proveerles con las herramientas necesarias para establecer una financiación adecuada”, añadió el consejero.
Los rectores llevan tiempo señalando la “alarmante situación económica” y la infrafinanciación acumulada, tal como lo reiteran en su carta, una preocupación que ya había expresado el rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Ángel Arias, en su discurso en el acto de apertura del curso. “La sostenibilidad económica de las universidades es clave, ya que sin una adecuada financiación no puede existir la autonomía garantizada en la Constitución”, argumentó Arias.
En los últimos días, la tensión entre las universidades y el Gobierno regional ha vuelto a resurgir, evidenciada por otra carta del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, quien criticó a la presidenta Ayuso por sus “declaraciones injustas y falsas” respecto a su universidad, afirmando que se otorgan títulos “como churros” y que está “colonizada por partidos de izquierda”.
Finalmente, cabe destacar que el presupuesto destinado a las universidades representa un 17% del total invertido en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, cuyo monto alcanzará los 6.657,6 millones de euros. Esto representa casi una cuarta parte de los 28.662,6 millones de euros que conforman el presupuesto total de la Comunidad de Madrid.
Categoría:
Newsletter
Entérate de las últimas noticias cómodamente desde tu mail.