La Comunidad de Madrid ha elevado una solicitud al Gobierno español para que asuma la responsabilidad de acoger a 50 menores inmigrantes que actualmente buscan asilo y se encuentran alojados en centros de atención social de la región.

En la reunión celebrada el pasado miércoles, el Consejo de Gobierno recibió información sobre este requerimiento, presentado por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, proporcionó detalles sobre la situación.

La afirmación de la Comunidad se basa en el artículo 149.1.2ª de la Constitución, que otorga al Estado la competencia exclusiva sobre temas relacionados con la inmigración, así como la extranjería y el derecho de asilo.

Asimismo, el Consejo hace referencia a resoluciones emitidas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, fechadas en marzo y junio del año 2025, que subrayan el derecho de estos menores a recibir un sistema de acogida específico, dada su condición de solicitantes de protección internacional.

En la actualidad, estos 50 menores, algunos de los cuales ya tienen protección concedida, están siendo atendidos exclusivamente por la red pública de Infancia de la Comunidad de Madrid. Las autoridades locales señalan que el Gobierno central aún no ha puesto en marcha los recursos ni programas necesarios para dar respuesta a esta situación.

Adicionalmente, hay menores que han expresado su interés en solicitar protección internacional, pero que aún no han podido formalizar su petición, lo que les sitúa en una situación de incertidumbre que, en ocasiones, se extiende hasta por un año.

Según los principios establecidos por el Tribunal Supremo, estos menores se encuentran en una situación jurídica comparable a aquellos que han conseguido formalizar su solicitud de asilo.

Finalmente, la Comunidad de Madrid ha solicitado que, antes de proceder con cualquier traslado de los menores, el Gobierno cumpla con sus obligaciones constitucionales y verifique de manera individualizada que ninguno de ellos haya solicitado asilo o haya expresado su deseo de hacerlo, garantizando así el respeto al interés superior del menor.