En un escenario político agitado, la vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha expresado su confianza en que Juan Lobato, quien hasta hace poco era el secretario general del Partido Socialista en Madrid, ofrezca declaraciones verídicas ante el Tribunal Supremo sobre una presunta conspiración en contra de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Sanz ha enfatizado la importancia de que se identifiquen a aquellos responsables que intentaron utilizar las instituciones públicas como herramientas para desacreditar a un adversario político.

Mientras se encontraba en un puesto de pruebas rápidas de VIH instalado por Madrid Salud, Sanz describió la situación como “grave” para la democracia española, señalando que se trata de “presuntas prácticas delictivas” dirigidas a atacar a un oponente en el ámbito político. Esta afirmación resalta la preocupación en torno a la integridad de las instituciones públicas y su uso indebido con fines partidistas.

La vicealcaldesa ha reiterado su esperanza de que Lobato revele toda la verdad y descubra a los individuos involucrados en esta supuesta operación clandestina. En sus propias palabras, Sanz ha manifestado que “no se pueden utilizar las instituciones públicas para atacar a un rival político” y ha calificado las acciones denunciadas como prácticas “presuntamente delictivas y mafiosas”, lo que pone de relieve su firme postura sobre la transparencia y la justicia en la política.

La gravedad de la situación es aumentada por la implicación de “instituciones muy importantes del Estado”, lo que ha llevado a Sanz a exigir que la ley se aplique con rigor a todos aquellos que hayan participado en estos actos irregulares. Su declaración resuena con un llamado a la responsabilidad y la rendición de cuentas, principios fundamentales en una sociedad democrática.

Por su parte, Juan Lobato ha entregado tanto su teléfono móvil como un acta notarial, en la que se documentan mensajes de Pilar Sánchez Acera, quien en aquel momento se desempeñaba como asesora de Moncloa. En esos mensajes, se le ofrecía el correo electrónico donde Alberto González Amador, la pareja de la presidenta Ayuso, admitía las irregularidades fiscales por las cuales era objeto de investigación.

Este acto se produce tras la comparecencia de Lobato como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz, quien está al frente de la investigación. Durante aproximadamente una hora y media, Lobato declaró ante el instructor del caso, Ángel Hurtado, quien posteriormente retuvo tanto el acta notarial como el teléfono móvil del testigo para llevar a cabo una verificación exhaustiva de la información proporcionada, según informan fuentes jurídicas a Europa Press.

El magistrado Hurtado tomó la decisión de citar a Lobato el pasado lunes, en medio de un clima de creciente tensión política, después de que el diario 'ABC' publicara un informe revelador la noche del domingo, en el que se denunciaba que “Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso” en un intento de implicar al dirigente socialista madrileño en una trama de corrupción política.