En una reciente declaración, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado su descontento con el Ministerio del Interior, al señalar que se ha visto forzado a reiniciar el proceso de renovación del convenio VioGén. Según Almeida, el Gobierno central ha vuelto a llevar a la ciudad a "la casilla de salida", lo que implica un retraso significativo en esta importante cuestión de seguridad.

Durante una rueda de prensa realizada tras la Junta Local de Seguridad, el alcalde argumentó que "el Gobierno de España utiliza el programa VioGén como herramienta de confrontación". En este contexto, Almeida explicó que las negociaciones comenzaron en 2024 con la Secretaría de Estado de Seguridad, pero ahora, a un año de esos primeros acercamientos, se ha recibido la inesperada noticia de que "no existe acuerdo alguno".

Almeida detalló que, tras recibir la aprobación inicial de la Secretaría de Estado sobre el texto, se solicitó también un informe económico que evaluara el coste y la inversión necesarios para el Ayuntamiento. Este informe fue remitido en julio, pero la respuesta llegó con un considerable retraso, el pasado 21 de octubre, después de más de tres meses de espera.

"Nos dicen que no hay posibilidad de acuerdo y que ahora debemos empezar de nuevo", lamentó el alcalde, quien destacó la importancia de la Policía Municipal de Madrid, que actualmente gestiona el mayor número de víctimas y órdenes de protección en todo el país.

Además, Almeida subrayó que las ayudas proporcionadas por el Ayuntamiento son "muy superiores" a las que se contemplan en el acuerdo VioGén propuesto, el cual, según su opinión, establece un nivel de protección inferior al que actualmente ofrece la Policía Municipal.

Estas declaraciones se producen justo después de que la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, afirmara que el texto de renovación de VioGén ya está "completamente cerrado" y que ahora se espera su revisión por parte de los servicios jurídicos del Ministerio del Interior.

Sin embargo, fuentes del Gobierno han contrarrestado estas afirmaciones, asegurando que no hay un acuerdo vigente entre Madrid y el Ministerio y que, en su lugar, se ha instado a la ciudad a que mantenga un encuentro para discutir las "discrepancias" que han surgido entre ambas partes.