En Madrid, el Partido Socialista Obrero Español de la Comunidad se prepara para tomar medidas legales en contra de la reciente iniciativa aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, en la que PP y Vox han buscado dar a conocer el llamado "síndrome post aborto".

Óscar López, secretario general del PSOE-M y actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, anunció en una entrevista para TVE, según recoge Europa Press, su firme intención de frenar lo que considera un acoso hacia las mujeres que optan por interrumpir sus embarazos. Manifestó su descontento sobre el apoyo que estas propuestas reciben por parte del PP y Vox, sugiriendo que están cruzando una línea peligrosa.

López criticó al Partido Popular por su falta de coherencia y su entrega a las ideologías de Vox, afirmando que este partido muestra una actitud de miedo que lo lleva a replicar y amplificar la narrativa de la ultraderecha, en lugar de establecer una posición clara y diferenciada.

La propuesta en cuestión fue debatida durante el pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid. Vox abogó por que se informe sobre el "síndrome post aborto" en los centros administrados por el Consistorio. La iniciativa obtuvo el respaldo de los votos de Vox y el PP, mientras que los representantes del PSOE y Más Madrid se opusieron fervientemente.

La concejala de Vox, Carla Toscano, defendió su propuesta argumentando que el "síndrome post aborto" es un tema que se ignora habitualmente, el cual puede acarrear un trauma significativo para las mujeres y sus parejas. Hizo referencia a una serie de problemas psicológicos que pueden surgir tras la interrupción del embarazo.

Toscano abogó por la necesidad de que la información sobre este "síndrome" esté disponible en todos los recursos sociales y sanitarios del Ayuntamiento, sosteniendo que muchas mujeres optan por no abortar cuando reciben el apoyo y la información adecuada.

Por su parte, José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del PP, defendió el compromiso del Ayuntamiento con la vida, señalando que aunque el aborto es legal, no es un derecho fundamental. Fernández destacó que no aceptarán lecciones de ningún partido y calificó al aborto de "no progresista", reconociendo que podría haber efectos adversos para la salud mental en algunas mujeres que se someten a este procedimiento.

Meritxell Tizón, en representación del PSOE, argumentó que la decisión de abortar es profundamente personal y depende de diversas circunstancias. Reiteró la importancia de poder ejercer este derecho sin ningún tipo de presión moral y confrontó a Toscano, sugiriendo que los verdaderos problemas de salud mental pueden surgir del acoso perpetuado por determinados grupos ante las clínicas de aborto.

Desde Más Madrid, la concejala Carolina Elías fue clara al afirmar que el "síndrome post aborto" no es un término médico reconocido, sino un instrumento destinado a infundir miedo entre las mujeres que consideran interrumpir su embarazo. Subrayó que los riesgos para la salud mental suelen estar más vinculados a embarazos no deseados que al aborto en sí, y abogó por blindar constitucionalmente el derecho al aborto y garantizar su acceso sin burocracia en la red pública de salud.