MADRID, 11 de diciembre.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha dado su visto bueno este miércoles a la firma del convenio correspondiente al Programa María Goyri. Este acuerdo se ha formalizado junto a los rectores de las universidades públicas de la región y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sin embargo, las autoridades madrileñas han expresado que se encuentran en una situación donde han tenido que optar entre “lo malo y lo peor”, sintiéndose forzadas a elegir “lo malo”.

Madrid se convierte así en la última de las 17 comunidades autónomas en comprometerse con este programa, aceptando condiciones previamente planteadas por el Ministerio, que generaron controversia y oposición. Entre las preocupaciones manifestadas por la Consejería de Educación se encuentra la limitación del acuerdo a la figura del profesor ayudante doctor, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su efectividad y alcance.

En un correo electrónico enviado esta semana, el secretario de Estado del Ministerio, Juan Cruz Cigudosa, instó a la Comunidad de Madrid a firmar el convenio bajo los mismos términos que las otras comunidades, lo que intensificó la percepción de imposición por parte del gobierno central.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, realizada en la emblemática Real Casa de Correos, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, abordó la autorización para la firma del convenio. En sus declaraciones, lamentó, una vez más, la “imposición” del Ministerio y criticó la falta de disposición del Gobierno central para negociar en este asunto.

García Martín evidenció su frustración al comparar la actitud del Ejecutivo, que considera muy accesible al negociar con fuerzas separatistas y con grupos herederos del terrorismo, mientras que muestra una inusitada rigidez al tratar de llegar a un acuerdo con la propia Comunidad de Madrid en un ámbito que debería ser de colaboración.

“Era lógico y razonable que pudiéramos presentar nuestras aportaciones hacia un convenio que vamos a firmar, pero la realidad ha sido que hemos tenido que elegir entre lo malo y lo peor. Al final, nos hemos visto obligados a quedarnos con lo malo”, afirmó contundentemente el consejero.

En este contexto, el consejero señala que el convenio no solo representa una imposición, sino que además es considerado “completamente insuficiente” y no aborda adecuadamente los problemas que son consecuencia de la ley conocida como LOSU (Ley Orgánica de Universidades). Además, criticó que el convenio no garantice la financiación adecuada para satisfacer las necesidades estructurales de las universidades públicas tanto en Madrid como en el resto del país.

En términos concretos, el Gobierno madrileño ha aprobado la creación de 1.091 nuevas plazas de profesor ayudante doctor, destinadas a “ampliar, rejuvenecer y estabilizar” las plantillas del personal académico en las seis universidades públicas de la región, con algunas incorporaciones que se realizarán ya en el presente curso académico.

De estas nuevas plazas, 435 serán financiadas en su totalidad por el Gobierno regional, mientras que el resto contará con subsidios del Estado, pero solo durante los primeros seis años del contrato de cada docente. Una vez concluido ese periodo, será la Comunidad de Madrid la encargada de sufragar los salarios de los 1.091 profesores, asegurando la estabilidad de sus puestos a lo largo de sus carreras profesionales. Para implementar esta medida de manera inmediata, el Gobierno autonómico tiene previsto destinar anualmente 17,5 millones de euros a partir del año 2025.