En Madrid, el próximo viernes se reanuda el proceso judicial contra el padre Marcelino de Andrés, el excapellán del Colegio Highlands School de El Encinar, quien está siendo investigado por supuestos abusos sexuales a alumnas de la institución.

El sacerdote, detenido el 7 de marzo, se encuentra actualmente en libertad provisional, aunque bajo la estricta medida de no acercarse al colegio ni a las menores involucradas en el caso. Tras la revelación de las denuncias, el colegio tomó la decisión de apartarlo de sus funciones ministeriales.

Las acusaciones han cobrado fuerza luego de que una de las víctimas informara durante una exploración judicial que había alertado a sus profesoras sobre los tocamientos inadecuados por parte del padre Marcelino, sin que estas tomaran acción en respuesta a su inquietud.

Las menores, junto a sus padres, reafirmaron sus denuncias ante la Policía Nacional antes del verano, dando mayor peso a sus testimonios en el proceso judicial. Previamente, el director del centro y sacerdote de los Legionarios de Cristo se vio obligado a asumir la responsabilidad por haber mantenido al excapellán en su cargo a pesar de las advertencias.

De acuerdo con el sumario del caso, se alega que los supuestos abusos ocurrieron en áreas del colegio donde no había vigilancia por cámaras, lo que ha alimentado la controversia en torno a la falta de seguridad y monitoreo en la institución.

Una madre de exalumnos había ya expresado sus preocupaciones al director sobre la idoneidad del cura, citando su vínculo con los antecedentes del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, quien fue formalmente acusado de abusos sexuales desde 1997 por diversos miembros de la congregación y estudiantes.

Las denuncias incluyen declaraciones en las que las niñas relatan que el padre Marcelino les incomodaba y las llevaba a “sitios secretos”, donde presuntamente se perpetraban los abusos. La investigación actual se originó a partir de una denuncia presentada por el padre de una de las víctimas, señalando que los hechos denunciados ocurrieron entre abril de 2024 y marzo de 2025.