La Comunidad encuentra 40 fallos en pulseras electrónicas y pide al Gobierno recursos para ayudar a las mujeres afectadas.
La situación de las pulseras telemáticas en la Comunidad de Madrid está generando serias preocupaciones entre las autoridades locales, que advierten sobre el riesgo de un aumento en los fallos detectados. Hasta el momento, se han contabilizado 40 fallos en estos dispositivos destinados a proteger a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
En una reciente reunión del Observatorio de Víctimas de la Violencia de Género, convocada por la Comunidad de Madrid, tanto el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, como la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, expresaron la urgencia de que el Gobierno de Pedro Sánchez proporcione los recursos necesarios para atender a las mujeres que están pasando por esta problemática. Ambos funcionarios hicieron un llamado claro para evitar que esta situación se repita en el futuro.
Este encuentro se produjo tras la revelación por parte de la Fiscalía General del Estado sobre el incremento de absoluciones de acusados debido a los “múltiples fallos” en las pulseras, según se detalla en su Memoria de 2024. La necesidad de un análisis exhaustivo sobre el funcionamiento de estos dispositivos se ha vuelto apremiante.
Durante su intervención, García Martín desglosó la situación, informando que se han identificado seis fallos en las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos, 31 a través de la Agencia de Seguridad y Emergencia ASEM 112 y otros tres en el servicio 012 Mujer. Esta preocupación conjunta ha llevado a las autoridades locales a exigir al Gobierno central una respuesta clara acerca de la eficacia de unas pulseras que actualmente no satisfacen las necesidades de las mujeres a las que están dirigidas.
La inquietud es palpable, ya que, si bien en este momento se han reportado 40 fallos, García Martín ha manifestado su temor a que esa cifra podría aumentar en el futuro. Ante esta situación, ha sido imperativo para el Gobierno regional demandar una rendición de cuentas al Ejecutivo nacional, resaltando la urgencia de abordar el tema con la seriedad que merece.
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