La política en España se encuentra en un punto álgido de tensión, especialmente en lo que respecta a las actuaciones del poder judicial. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha sido contundente al señalar que ciertos jueces están manipulando la justicia y que los problemas en la vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, son un eje importante de estos conflictos.

Durante una reciente entrevista, Bergerot afirmó que el juez Juan Carlos Peinado se comporta más como un afiliado al Partido Popular que como un representante imparcial de la ley. Según su visión, cada vez que Alberto González Amador, pareja de Ayuso, enfrenta novedades en sus dificultades legales, la presidenta parece movilizar todos los recursos para resolver esos asuntos, desviando la atención pública.

Bergerot no escatimó en críticas, indicando que la actuación de algunos magistrados en este país está deteriorando la imagen del sistema judicial. Apuntó específicamente a Peinado y su tendencia a utilizar evidencia que parece estar "armada con recortes de periódicos", lo que, según ella, pone en tela de juicio su imparcialidad.

El juez fue noticia recientemente tras comunicar a figuras cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en caso de un juicio por malversación, este se llevaría a cabo ante un jurado popular. Este tipo de anuncios solo aumentan la controversia en torno a su figura y a las implicaciones políticas de sus decisiones.

Bergerot anticipa que las acciones judiciales que ella denuncia como "artificiosas" seguirán vigentes mientras persistan los "problemas en Villaquirón", refiriéndose al hogar de Ayuso y González Amador. Esta afirmación subraya la conexión entre la esfera privada de los políticos y su impacto en la justicia, un tema recurrente en el debate público.

Al ser cuestionada sobre si considera que Peinado está incurriendo en prevaricación, la portavoz fue clara al manifestar que el juez parece estar haciendo política en lugar de cumplir con su deber de asegurar la separación de poderes. Este fenómeno, según ella, representa un grave riesgo para la integridad del sistema judicial español.

Finalmente, Bergerot remarcó que los casos manejados por ciertos jueces presentan una velocidad muy distinta a la apertura de juicios donde González Amador tiene que enfrentarse a serias acusaciones fiscales. Desde su perspectiva, la defensa de Ayuso se vuelve cada vez más complicada al intentar justificar lo que ella considera "indefendible", abriendo un debate sobre la equidad en el tratamiento de los casos de corrupción y su procesamiento.