En un giro notable de la investigación relacionada con el nombramiento de asesores en el Gobierno, la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no se ha presentado ante el juez Juan Carlos Peinado, dejando su defensa en manos del ex ministro socialista Antonio Camacho. Este procedimiento forma parte de un caso por presunta malversación de fondos públicos que, de ser llevado a juicio, se dirimirá ante un jurado popular, es decir, entre ciudadanos y no por un grupo de jueces profesionales.

La cita estaba programada para este sábado, a las 18:00 horas, donde el juez convocó a todas las partes involucradas en la investigación. El caso se centra en si hubo un desvío de dinero público en la designación de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, así como si esta desempeñó funciones no relacionadas con su cargo oficial para la esposa del mandatario.

La decisión de Begoña Gómez de no comparecer in situ ha mantenido la especulación hasta el último momento, generando interés por saber si asistiría personalmente. Finalmente, optó por la representación legal, un movimiento que también ha sido seguido por los otros dos implicados en la causa: la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quienes también decidieron enviar a sus respectivos abogados en lugar de presentarse ante el juez.

LA DEFENSA SE JUSTIFICA A TRAVÉS DE LA FISCALÍA

Fuentes cercanas a la administración han indicado que las defensas de los investigados se apoyan en una circular de la Fiscalía de diciembre de 1995, que establece que la presencia física de los acusados en estas comparecencias no es obligatoria. Según este documento, la audiencia tiene como finalidad concretar los detalles de la imputación, lo cual puede ser atendido por sus abogados sin necesidad de que estén presentes los implicados.

La circular aclara que durante estas sesiones no se llevan a cabo diligencias de instrucción, lo que significa que no se escuchará la declaración del imputado. Así, el juez, tras escuchar a la Fiscalía y a las acusaciones, podrá proceder a escuchar a la defensa, quienes tienen la opción de solicitar el archivo del caso o pedir diligencias complementarias.

Esta audiencia llega seis meses después de que el juez Peinado iniciara la investigación sobre la contratación de Álvarez. En mayo, se decidió abrir un expediente al delegado Martín Aguirre por supuesta malversación, aunque inicialmente no se atribuyó la misma falta a Gómez o Álvarez. Sin embargo, la imputación fue establecida finalmente el pasado 18 de agosto, marcando un nuevo capítulo en esta polémica situación política.