La Comunidad de Madrid ha rechazado con contundencia la propuesta del Gobierno central de designar la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, como un Lugar de Memoria Democrática. Según funcionarios de la administración regional, esta medida supone una irrealidad que infringe sus competencias y representa un claro ataque a su autonomía.

Un informe de la Real Academia de la Historia ha revelado que, si bien este edificio está vinculado con el periodo de la Ilustración, también tiene un pasado relacionado con el franquismo. Este estudio se enmarca en la intención del Gobierno español de otorgar esta nueva distinción, lo que ha sido rechazado categóricamente por el equipo que dirige la Comunidad de Madrid.

El Consejo de Gobierno regional tiene previsto revisar el informe que establece la conexión de este inmueble con el periodo ilustrado, subrayando su relevancia en la historia social de la capital durante el siglo XIX, a pesar de las controversias sobre su uso a lo largo de las décadas.

Según los académicos que elaboraron el informe, la Casa de Correos, con 250 años de historia, fue erigida bajo el reinado de Carlos III, periodo durante el cual se impulsaron reformas significativas en la educación y diversas instituciones. El edificio se convirtió en un símbolo de modernización en una época de notable cambio y progreso.

El mismo estudio reconoce que la Casa ha funcionado como sede de importantes entidades a lo largo de su existencia, incluida la Capitanía General y el Ministerio de la Gobernación en diferentes momentos históricos. Sin embargo, destaca su papel durante la dictadura, lo que ha generado tensiones en el contexto actual sobre su futuro uso como lugar de memoria.

Desde la Comunidad de Madrid se advierte que la intención del Gobierno central de establecer esta etiqueta para el edificio es ilegal y que afecta seriamente a la gestión de su patrimonio histórico. Además, señalan que la notificación de esta decisión fue realizada de manera abrupta, sin la debida comunicación institucional previa.

La legislación regional, que prohíbe la instalación de placas o distinciones que puedan dañar la imagen institucional de la Casa de Correos, se convierte en un punto central del debate. Según los responsables de la administración madrileña, dicha ley protege la neutralidad y la pluralidad en la interpretación de la historia regional.

Desde el Gobierno español, no obstante, se argumenta que esta normativa puede ser inconstitucional y que invade competenias del Estado al someter decisiones importante a la autorización de la autonomía. Esto ha generado un conflicto sobre el manejo de la memoria histórica que es percibido como fundamental para la identidad nacional.

El consejero de Presidencia de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que la propuesta de convertir la Real Casa de Correos en Lugar de Memoria Democrática refleja una actitud autoritaria del Gobierno central, que no acepta la autonomía de las regiones para gestionar su propia historia. Esta disputa refleja las fricciones persistentes entre ambas administraciones, cada cual defendiendo su visión sobre el legado histórico y su significado en el presente.