MADRID, 3 de agosto. El alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha manifestado su plena confianza en la legalidad del proceso que está siendo investigado por una comisión sobre posibles irregularidades en el desarrollo del PAU-5, un proyecto clave para la economía local. Esta iniciativa, considerado el desarrollo industrial más grande de la región, es fundamental para afrontar la abultada deuda que sufre la ciudad, que supera los 500 millones de euros.

En declaraciones a Europa Press, el primer edil subrayó que si realmente hubiera algo que denunciar, la oposición ya lo habría hecho. "No hay pruebas de irregularidades y ellos son conscientes de ello", afirmó Jurado, quien defendió que cada acción se ha llevado a cabo siguiendo de manera estricta lo que estipula la ley.

La comisión investigadora se enfocará en la reciente modificación del desarrollo de suelo, donde se pasó de un modelo de compensación a una expropiación convenida que otorgó al Ayuntamiento el control total sobre el proyecto. La oposición ha insinuado que el hermano de Jurado, Wilfredo, exconcejal de Urbanismo, podría haberse involucrado en el proceso de expropiación de manera oculta, beneficiando a ciertos propietarios. Sin embargo, el alcalde sostiene que la presencia del nombre de su hermano se debió a un error administrativo relacionado con firmas electrónicas no renovadas.

Ramón Jurado insistió en la necesidad del cambio de compensación a expropiación, argumentando que su deber es acatar la Ley del Suelo. Esta legislación establece que tras la aprobación del Plan Parcial, los propietarios deben cumplir con ciertos requisitos, y si no lo hacen, el Ayuntamiento tiene la obligación de intervenir para asegurar el desarrollo del área.

Jurado explicó que si el sector no se desarrolla por la iniciativa privada, el Ayuntamiento tiene la facultad de hacerlo públicamente. "Estoy cumpliendo lo que la ley establece", añadió con firmeza.

El alcalde reivindicó la importancia del PAU-5 para el futuro de Parla, describiéndolo como el mayor desarrollo industrial de la comunidad, con más de 5,5 millones de metros cuadrados. Este proyecto, que se encuentra en el Plan General desde 1997, ha experimentado retrasos y fue revitalizado con la llegada de su administración en 2019.

El regidor destacó que ya se está comenzando a urbanizar un área con la construcción de una "supernave" para la cadena de supermercados Lidl, que promete generar 900 empleos en el próximo año. Este desarrollo inicial podría ser solo el comienzo, con la posibilidad de crear más de 35.000 empleos en total una vez que el polígono esté operativo.

Una vez en funcionamiento, el polígono se vislumbra como una "salvación financiera" para unas arcas municipales gravemente afectadas por la alta deuda. "Tendremos el más grande de la Comunidad de Madrid y los polígonos industriales siempre favorecen las economías locales", añadió Jurado, quien enfatizó los beneficios que estos espacios aportan a los ayuntamientos.

En cuanto a la situación económica del Consistorio, Jurado admitió que su deuda es "enormemente alta", posicionando a Parla como uno de los municipios más endeudados de España. Reconoció que liderar la ciudad también implica establecer relaciones con las instituciones en Madrid.

Uno de sus primeros encuentros fue con el Ministerio de Hacienda, donde se les ha brindado un "amplio margen de maniobra". En sus reuniones con la ministra María Jesús Montero, el alcalde ha subrayado su compromiso de no renunciar a los derechos de sus vecinos, sin importar la carga de deuda que pesa sobre el municipio.

Además, Jurado destacó que Montero ha mostrado comprensión para asegurar que los ciudadanos mantengan sus servicios. También hizo hincapié en que, en Parla, no solo actúa el Gobierno local, sino que el Ejecutivo central y el autonómico son actores importantes en la gestión de la situación. "Lamentablemente, la Comunidad de Madrid no ha prestado atención como lo ha hecho el Ministerio", concluyó, señalando que la deuda es una responsabilidad compartida.