En Madrid, una reciente resolución del Juzgado de lo Social número 7 ha puesto de manifiesto las irregularidades en la gestión de los grados de discapacidad por parte de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. El tribunal ha decidido elevar el grado de discapacidad de una trabajadora al 68% después de que, de manera inexplicable, la administración le hubiera rebajado previamente este grado del 42% al 13% sin justificación razonable y sin considerar los informes médicos que había presentado.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, critica duramente las acciones de la administración autonómica. Cabe recordar que en el año 2018, la misma Consejería había reconocido a la trabajadora un 42% de discapacidad. Sin embargo, en 2023, y sin que hubiera un cambio positivo en su salud, decidieron restarle la calificación al 13%, lo cual ha levantado serias dudas sobre el criterio que se aplica en estas evaluaciones.

Tras una revisión de la cronicidad y la gravedad de las dolencias que afectan a esta persona, el juzgado no solo aceptó la solicitud de elevar su grado de discapacidad hasta el 65%, sino que lo incrementó aún más al 68%. Esta decisión se basó en la relevancia de las lesiones físicas y psicológicas que la afectada padece.

Un factor determinante en la valoración del estado de la trabajadora fue la inclusión de la fibromialgia en su diagnóstico, una enfermedad que a menudo es subestimada tanto en el ámbito médico como administrativo, lo que puede llevar a consecuencias negativas para quienes la padecen.

Los letrados de la afectada, del despacho Parrado Asesores, lograron demostrar que esta nueva patología no era más que la agravación de problemas de salud ya diagnosticados en 2018. Estos incluían episodios de depresión severa, problemas en el sistema osteoarticular y dolor crónico de origen desconocido, que afectan profundamente su calidad de vida y su capacidad para trabajar.

Es importante señalar que la demandante ya contaba con un fallo judicial previo que le concedía una Incapacidad Permanente Total para su profesión, evidenciando así la seriedad de su situación y el impacto que esta rebaja de grado podría tener en su vida laboral y personal.

El fallo destaca que, de acuerdo con la legislación vigente, las personas que son declaradas incapaces judicialmente deben ser reconocidas con una discapacidad igual o superior al 65%. Además, un perito médico señaló que no se había realizado una evaluación adecuada de los problemas cognitivos relacionados con las patologías de la trabajadora, lo cual es un grave descuido en el proceso de evaluación.

Asimismo, la sentencia critica que no se hayan registrado adecuadamente todas las dolencias que sufre la actora, quien presenta un dolor generalizado que no mejora con medicamentos. Álvaro González, abogado de la demandante, subraya que "estos procedimientos generan una carga adicional en los juzgados y evitan que las personas afectadas puedan enfocarse en su salud, ya que están atrapadas en largos y complicados procesos para el reconocimiento de sus derechos".

La sentencia concluye con una comparación contundente entre las resoluciones de 2018 y 2023, llamando la atención sobre cómo fue posible que se pasara de un 42% a un 13% en un contexto donde las patologías de la trabajadora son crónicas y severas, limitando significativamente su vida diaria y su bienestar integral.