Crónica Madrid.

Crónica Madrid.

PSOE y MM reclaman cinco años de prisión para el pareja de Ayuso por nuevos cargos de fraude fiscal.

PSOE y MM reclaman cinco años de prisión para el pareja de Ayuso por nuevos cargos de fraude fiscal.

Un nuevo capítulo en la investigación del caso que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido abierto tras la reciente acusación presentada por los partidos PSOE y Más Madrid. Esta solicitud incluye un incremento en las imputaciones, ahora abordando delitos contables y la pertenencia a un grupo criminal.

La acusación pide una pena de cinco años de prisión para González Amador, quien se enfrenta a serios cargos de fraude fiscal supuestamente cometido durante los años 2020 y 2021. Estas alegaciones han sido formuladas en las conclusiones provisionales a las que ha tenido acceso Europa Press y se suman a las indagaciones ya emprendidas por la jueza Inmaculada Iglesias.

El escrito presentado sostiene que González Amador se benefició económicamente de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. En total, durante este período, se argumenta que la empresa de la que forma parte, Maxwell, experimentó un asombroso aumento del 551,28% en su facturación, pasando de 357.773,87 euros en 2019 a más de 2.3 millones de euros en 2023.

Según las acusaciones, el implicado creó un sistema para evadir el pago de impuestos sobre los beneficios obtenidos, además de realizar movimientos contables que no se corresponderían con la realidad fiscal del negocio. De hecho, se argumenta que, a pesar del notable incremento de ingresos, la cantidad ingresada a la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades en 2020 fue considerablemente menor que en el año anterior.

Las cifras, de hecho, revelan un panorama preocupante: mientras que en 2019 se pagó el 1,92% del ingreso neto a la Hacienda, en 2020, con una cifra quintuplicada, el porcentaje se hundió hasta el 0,12%.

En 2021, ya una vez superados los momentos más críticos de la pandemia, se alega que la empresa Maxwell no obtuvo ingresos reales por su supuesta intermediación en el suministro de material sanitario, aunque sí incrementó su facturación ordinaria gracias a un cliente clave, Quirón Prevención. Las razones detrás de este aumento aún no han sido esclarecidas.

La acusación sostiene que se han cometido delitos fiscales relacionados con la defraudación del Impuesto sobre Sociedades y que también hay elementos que apuntan hacia falsificaciones contables y la creación de documentos mercantiles fraudulentos. Del mismo modo, se indica la existencia de un entramado de sociedades liderado por González Amador y, por ende, la pertenencia a un grupo criminal.

Todo este proceso se origine tras una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, que detectó irregularidades en el pago del Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021. En una declaración reciente, González Amador decidió no ofrecer su testimonio, invocando su derecho a no declarar mientras se resolvía una cuestión legal pendiente.

Una semana después de su negativa a declarar, la Audiencia Provincial de Madrid permitió la investigación de otros posibles delitos relacionados con el caso. Durante su comparecencia ante la jueza, el acusado presentó documentaciones sobre los ingresos de Quirón Prevención, rechazando haber ocultado esos fondos mediante el uso de una sociedad instrumental.

Además, la denuncia fiscal se fundamenta en un informe de la Agencia Tributaria que señala la existencia de gastos ficticios basados en facturas de distintas sociedades, que no reflejarían servicios reales y cuyo objetivo sería el de reducir la carga tributaria del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los años mencionados.

En 2022, la Fiscalía recibió un informe que apuntaba a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos, que contenía indicios de delitos fiscales y presuntas irregularidades. Esta investigación señala posibles fraudes tributarios, que superan los 120.000 euros, y un presunto delito de falsedad documental en el contexto mercantil, vinculados con facturas que no se corresponden con servicios efectivamente realizados.