MADRID, 1 de agosto.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha expresado su indignación este jueves ante las acusaciones lanzadas por funcionarios del Gobierno central, incluyendo al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quienes catalogaron el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) en Pozuelo de Alarcón como un acto de "racismo preventivo". Este cierre se justificó con la falta de licencias necesarias para operar como centro residencial para refugiados.

Matute ha criticado el uso de un lenguaje que busca "enfrentar y desestabilizar a la ciudadanía" y ha descalificado de forma rotunda cualquier insinuación de racismo hacia el gobierno regional. "Nuestra prioridad son las personas y cómo abordar sus problemáticas", enfatizó durante una visita a las obras de un nuevo centro de salud en Torrejón de Ardoz.

Según sus declaraciones, el CREADE de Pozuelo, similar a otros centros en Carabanchel y Alcalá de Henares, fue originalmente diseñado como un recurso temporal para una crisis migratoria, pero su utilización ha evolucionado hacia un establecimiento permanente. “Al evaluar estas instalaciones, nos percatamos de que no son aptas para la residencia de personas”, afirmó, subrayando que la Comunidad está "protegiendo la dignidad y el bienestar" de quienes necesitan ayuda.

En este contexto, la consejera aprovechó para criticar la política migratoria del Gobierno central, ya que, según su opinión, estas estrategias "exponen a los migrantes a las mafias" y generan problemas tanto para aquellos que logran ingresar como para los que no lo consiguen. “Es inaceptable usar a las personas y la inmigración como objeto de insultos en una cuestión tan seria que también les compete a ellos”, puntualizó.

Cuando se le preguntó acerca de posibles auditorías en otros centros, como los de Alcalá de Henares y Carabanchel, Matute confirmó que "todos están siendo evaluados" y que su Consejería de Sanidad está bastante involucrada en lo que respecta a Salud Pública. Matute justificó la decisión de cerrar el CREADE de Pozuelo, mencionando que este estaba operando al 83% de su capacidad, mientras el Gobierno planeaba expandir su capacidad para albergar a 400 personas adicionales.

A pesar de las dificultades, Matute aseguró que no se han presentado problemas de salud pública significativos y defendió la labor del Ejecutivo madrileño, describiéndolo como un gobierno "pequeño pero bien coordinado", que trabaja diariamente para salvaguardar no solo a la población local, sino también a los inmigrantes que llegan a la comunidad.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón anunció el cierre cautelar del CREADE, tras una inspección que reveló la falta de licencias necesarias para la operación del centro como residencia permanente. En respuesta, el delegado del Gobierno criticó la decisión, tildándola de "racismo preventivo" y afirmando que contaba con el respaldo de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.