El pasado 25 de octubre, la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, ha reportado una ejecución presupuestaria notable, alcanzando el 66,4% de sus asignaciones para el año 2025 hasta el mes de septiembre. Esta cifra representa un avance de cuatro puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, que se encontraba en el 64,9%.

Durante su intervención en la Asamblea, el director general de Presupuestos, Gregorio Moreno, subrayó que el ritmo de ejecución actual es ligeramente superior al del año 2024, aunque no omite señalar que “todo es mejorable”. Esto pone de manifiesto un esfuerzo continuo por parte del Gobierno madrileño en la gestión de recursos públicos.

En lo que respecta a los fondos europeos, la Plataforma 'Elisa', que agrupa datos del Gobierno de España, indica que Madrid ha utilizado 2.380 millones de euros hasta agosto, superando así a Andalucía, que acumula 2.070 millones. Esta eficiencia en el uso de los recursos europeos resalta el compromiso de la Comunidad de Madrid hacia un crecimiento sólido y sostenible.

Moreno también puso de relieve que la deuda de la Comunidad se sitúa en torno a los 37.000 millones de euros, lo que equivale al 12,3% del PIB de la región. En comparación, la deuda nacional sobrepasa el billón de euros, alcanzando más del 100% del PIB, lo que plantea un escenario preocupante sobre la sostenibilidad fiscal del Estado.

La Comunidad de Madrid se propone presentar su nuevo presupuesto para el año 206 la próxima semana, con un enfoque en aumentar la inversión. Las áreas prioritarias de este nuevo presupuesto se orientarán al gasto social, abarcando sectores fundamentales como Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Transporte y Vivienda.

Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, aseguró hace unas semanas que el presupuesto “nuevamente crecerá”. Ella destacó en un encuentro informativo que el Gobierno autonómico cumplirá “el tiempo y la forma”, comprometiéndose a someter su propuesta a la Asamblea antes del 30 de octubre.

En este contexto, Albert también hizo hincapié en que todas las comunidades están ultimando sus respectivos presupuestos, un proceso que el Gobierno de España debería haber completado, aunque ha fallado en su deber de presentar los Presupuestos Generales del Estado antes del 30 de septiembre, generando preocupación sobre la gestión fiscal y administrativa a nivel nacional.