“El 1 de enero es una fecha límite que amenaza con graves consecuencias”

Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ha acudido recientemente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para solicitar la ejecución provisional del fallo judicial que anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esta decisión busca evitar que los ciudadanos se enfrenten a “multas diarias que oscilan entre los 300 y los 600 euros”, en respuesta a lo que él considera una estrategia “dilatoria” del alcalde José Luis Martínez-Almeida, que intenta “alargar el tiempo en la espera de una resolución del Tribunal Supremo”.

Con el respaldo de todo su grupo municipal, Ortega Smith aplaudió la sentencia del 17 de septiembre que anuló las ZBE, tras un recurso presentado por Vox, quien indicó que había una “insuficiencia” en el informe de impacto económico asociado a la ordenanza de Movilidad Sostenible. Sin embargo, el portavoz ha denunciado que el alcalde no muestra intención de cumplir esta resolución judicial.

El portavoz de Vox expresó contundentemente su desacuerdo con el recurso presentado ante el Supremo por parte del gobierno local, calificándolo de “absolutamente dilatorio”. Afirmó que “la alcaldía sabe perfectamente que no se le otorgará la razón, dado que la sentencia del TSJM se fundamenta en la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo”.

“La estrategia del alcalde es recurrir de forma dilatoria, con la intención de ganar tiempo, mientras su maquinaria de recaudación sigue en marcha, restringiendo la movilidad y limitando las libertades de los ciudadanos. Esto impacta especialmente en la población más vulnerable”, lamentó Ortega Smith. Según sus cálculos, uno de cada tres vehículos en España, es decir, 12 millones que carecen de etiqueta ambiental, se verían excluidos de circular en la capital a partir del próximo 1 de enero.

“Hay un plazo perentorio que está ahí, que amenaza: el 1 de enero”, subrayó Ortega Smith. “Si no se detiene esta situación antes de esa fecha, miles de ciudadanos se verán obligados a pagar multas de entre 300 y 600 euros todos los días, lo cual resulta completamente inviable para aquellos que dependen de su vehículo para trabajar, asistir al médico o visitar a su familia”, advirtió.

“UNA ORDENANZA SIN RAZÓN”

Ortega Smith reiteró que el fallo del TSJM señala que la ordenanza impulsada por el equipo de Almeida, que contó con el apoyo del entonces Grupo Mixto formado por concejales desgajados de Más Madrid, fue aprobada sin considerar los serios efectos económicos adversos que tendría para millones de madrileños y españoles.

Describió esta ordenanza como “absolutamente desproporcionada y carente de alternativas”, resaltando que no entendía la necesidad de realizar una transición justa para los ciudadanos que no han podido cambiar su vehículo a lo largo de los años, perjudicando gravemente a “los autónomos y aquellos con ingresos limitados”, los cuales se verán privados no solo de sus libertades, sino también de la capacidad para ganarse la vida.

El edil de Vox enfatizó que su partido no aceptará esta “situación intolerable” y aseguró que no se quedan “de brazos cruzados”, incluso si deben “luchar solos hasta el final”. Aseguró que las repercusiones económicas serán “devastadoras”, llevando al cierre a numerosas empresas y obligando a muchos ciudadanos a cambiar su lugar de residencia y de empleo.

“SIN MOVILIDAD PARA 400.000 MADRILEÑOS”

La decisión que ha tomado Vox consiste en presentar una demanda ante el TSJM para que se ejecute la sentencia que obligaría al alcalde de Madrid a cumplirla. Ortega Smith enfoca esta acción en la protección de los transportistas, autónomos, y en general, de aquellos miles de madrileños porque “400.000 empadronados en Madrid no podrán circular con sus vehículos, y otros 438.000 que residen en las cercanías y trabajan en la capital también se enfrentarán a restricciones a partir del 1 de enero”.

La demanda es presentada “por justicia, sentido común y responsabilidad”, resaltó Ortega. También criticó al alcalde por “seguir limitando libertades bajo una excusa ya desmentida en informes periciales, ya que la calidad del aire en Madrid es buena y no se requieren ni multas ni restricciones”.

Si Vox obtiene el respaldo del TSJM, podría “paralizar todas las restrictions y multas que esta ordenanza de inmovilidad está imponiendo”. Sin embargo, no precisaron en qué plazo el Tribunal Superior respondería a dicha demanda.

“DELAY INSUFICIENTE PARA UNA RESPUESTA”

“El tiempo de respuesta del Tribunal dependerá de su carga de trabajo y de otros casos que tenga pendiente”, explica Ortega. “Esperamos un plazo breve, especialmente con el 1 de enero como fecha límite”, agregó.

En respuesta a las inquietudes de los ciudadanos, Vox les insta a “cruzar los dedos y confiar en que este tribunal detenga esta locura antes de que puedan verse obligados a deshacerse de su vehículo. Si no se actúa antes del 1 de enero, muchos estarán sujetos a multas diarias entre 300 y 600 euros”, enfatizó.

Ortega Smith también destacó que no pudieron presentar la demanda anteriormente, ya que el alcalde “de manera torticera”, utilizó el tiempo de espera hasta el límite para presentar su recurso de casación, retrasando innecesariamente el proceso. “Tan pronto como se hizo evidente que se presentó la casación, comenzamos a preparar la demanda de ejecución ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia”, concluyó.