En Madrid, asociaciones vecinales han presentado un total de 10,134 denuncias por viviendas de uso turístico (VUT) que presuntamente operan de manera ilegal. La mayoría de estas denuncias, específicamente el 59.45 por ciento, se concentran en el distrito Centro. Estas asociaciones le han dado al Ayuntamiento de Madrid un plazo de tres meses para responder a estas denuncias, de lo contrario recurrirán a la Justicia, ya sea a través de tribunales o la Fiscalía.

La presentación de estas denuncias se llevó a cabo en la sede de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), donde se detalló el proceso realizado por la Oficina Vecinal de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico para recopilar estas 10,134 denuncias. Este trabajo se basó en la comparación de datos entre el portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid, el callejero oficial y un mapa publicado en mayo que identificaba 1,008 VUT consideradas legales por el Ayuntamiento.

El presidente de la Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras, Víctor Rey, declaró que estas "10,134 VUT denunciadas estarían en completa ilegalidad". La Oficina ha elaborado un mapa detallando la ubicación de estas viviendas por distrito, calles y edificios.

Las asociaciones vecinales tienen claro su siguiente paso en este proceso. Si el Ayuntamiento no responde a estas denuncias en tres meses, emprenderán acciones legales mediante procedimientos judiciales y contenciosos-administrativos por inacción. De igual manera, planean seguir el mismo camino con la Comunidad de Madrid, obligándola a dar de baja del registro a las VUT ilegales y aplicarles las sanciones pertinentes.

Según el responsable de la comisión de Urbanismo de la FRAVAM, Víctor Pérez, el número real de VUT ilegales en Madrid supera significativamente las 10,134 denunciadas. Esto se evidencia en la discrepancia entre los datos del INE, que registra más de 14,000 VUT en Madrid, y la cifra de 1,008 VUT legales reconocidas por el Ayuntamiento, dejando una diferencia de 13,000 viviendas.

Las asociaciones vecinales reconocen que el número de VUT ilegales puede ser mayor que las denuncias presentadas, ya que muchas de estas viviendas que operan de manera irregular no están registradas oficialmente. La falta de acción por parte de las autoridades durante años ha permitido que se llegue a esta situación, según Vicente Pérez, quien critica la escasa respuesta a las denuncias previas realizadas por las asociaciones vecinales del distrito Centro.

En respuesta al plan de choque anunciado por el gobierno de José Luis Martínez-Almeida, las asociaciones vecinales consideran que el aumento en los servicios de inspección es insuficiente. Además, señalan que aún no han tenido la oportunidad de reunirse con el Ayuntamiento para discutir la nueva regulación en proceso y desconocen cuándo estará lista.

La moratoria de licencias para VUT anunciada por el gobierno de Almeida también ha generado críticas, ya que se enfoca únicamente en los distritos centrales, dejando de lado áreas como Villaverde, Puente de Vallecas o Vicálvaro, donde también se registran estas viviendas ilegales.

De las 10,134 denuncias presentadas en los 21 distritos de Madrid, el distrito Centro lidera la lista con 6,025 denuncias. Otros distritos con un alto número de denuncias incluyen Salamanca (811), Chamberí (590), Arganzuela (463), Tetuán (428), Retiro (321), Chamartín (281), Moncloa-Aravaca (264), San Blas-Canillejas (194), Puente de Vallecas (147) y Carabanchel (121).

Las asociaciones vecinales también han expresado su descontento con decisiones recientes tomadas por el Ayuntamiento en relación al plan de choque. La aprobación de la transformación de los inmuebles en apartamentos turísticos de Princesa 22 y 24 en el último Pleno de Cibeles ha sido criticada por su impacto en la moratoria de licencias para VUT.

En cuanto a la rentabilidad de optar por una VUT en lugar de alquilar las viviendas en el mercado residencial, la Oficina Vecinal ha estimado que se puede obtener una ganancia adicional de 20,000 euros al alquilar la vivienda durante seis meses al año. Esta práctica afecta a la comunidad, según las asociaciones vecinales, quienes también han identificado nuevas modalidades que encubren viviendas de uso turístico como los alquileres de corta duración o el alquiler de habitaciones.