El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid ha destacado que la reciente propuesta de ley universitaria busca abordar las inquietudes manifestadas por los líderes académicos locales.

En un encuentro llevado a cabo el 20 de mayo en Madrid, rectores de las universidades públicas de la región (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) han expresado su preocupación por la situación financiera de la educación superior y han subrayado la necesidad de asegurar recursos adecuados sin sacrificar la autonomía universitaria. Asimismo, han instado a los principales partidos políticos a establecer un Pacto de Estado que garantice la competitividad del sistema universitario público.

Bajo el título 'La universidad pública: presente y futuro', el evento fue organizado por la Universidad de Alcalá y contó con la participación del consejero Emilio Viciana. Durante el encuentro, los rectores resaltaron el papel crítico de las universidades públicas en la preservación de una democracia funcional y en la promoción de la igualdad de oportunidades.

El rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, abrió el debate advirtiendo del 'peligro' que enfrenta la universidad pública. Afirmó que es fundamental seguir trabajando en favor de la igualdad de oportunidades y del acceso a la educación, señalando que el futuro del país está en juego. La universidad pública se considera un pilar esencial para una sociedad democrática, resaltó Arias.

Asimismo, el rector solicitó la colaboración del presidente del Gobierno y de la presidenta regional para alcanzar un acuerdo sobre la educación universitaria pública.

José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá, se unió a esta solicitud, manifestando que es primordial que los dos principales partidos del país se comprometan a apoyar la universidad pública en su búsqueda de mayor competitividad y en la atracción de estudiantes extranjeros.

En cuanto a la financiación, Amaya Mendikoetxea, rectora en funciones de la Universidad Autónoma, enfatizó la urgencia de asegurar recursos financieros adecuados, dado que estas instituciones prestan un servicio público esencial. Subrayó que la financiación no debería comprometer la autonomía universitaria.

Mendikoetxea también hizo hincapié en las deficiencias de financiamiento en la educación superior en Madrid en comparación con otras comunidades autónomas, resaltando que la región aporta menos por estudiante y que las universidades tardaron 15 años en recuperar los niveles de financiación previos a la crisis de 2008.

Durante la discusión, Joaquín Goyache, rector de la Complutense, abordó las movilizaciones de la comunidad educativa y mostró comprensión por las preocupaciones manifestadas, señalando que el sistema universitario enfrenta desafíos prolongados que requieren atención urgente.

Goyache añadió que la calidad del sistema no solo depende del financiamiento, sino también de políticas activas y consenso amplio entre las partes interesadas.

En otro aspecto del debate, Óscar García, rector de la Politécnica, habló sobre la relación entre las universidades públicas y privadas, señalando que no existe un conflicto inherente entre ambas. Abogó por la necesidad de mantener estándares de calidad en las universidades privadas para contribuir positivamente al desarrollo nacional.

García reiteró que la prioridad es asegurar la calidad educativa en las universidades públicas, y expresó preocupación por la proliferación de instituciones que no cumplen con los estándares necesarios.

El evento concluyó con el rector de la Universidad de Alcalá sosteniendo que la educación superior es fundamental para generar conocimiento y fomentar la innovación, capacidades que se transfieren a la sociedad a través de la formación educativa.

Abraham Duarte, recientemente nombrado rector de la Universidad Rey Juan Carlos, valoró el reconocimiento social de la educación superior, aunque lamentó que la investigación no recibe la misma valoración que la docencia.

Finalizando el evento, el consejero Viciana señaló que existe un amplio consenso sobre la creación de una nueva Ley de Universidades, afirmando que la propuesta actual busca atender las preocupaciones expresadas por los rectores y que contempla un modelo de financiación tanto básica como por objetivos, lo que requiere un esfuerzo conjunto para su implementación.