En una movida que ha causado polémica en el panorama político madrileño, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad. Esta ley, aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 22 de diciembre, modifica un total de 15 textos normativos en la región.

Según Lobato, estas modificaciones son contrarias a los principios constitucionales de pluralismo político, control y fiscalización de los gobiernos democráticos. Como uno de los 50 senadores que firman el recurso, el socialista ha expresado su preocupación por el rumbo que está tomando la legislación en la Comunidad de Madrid.

La ley en cuestión fue aprobada en un Pleno extraordinario que siguió a la aprobación de los Presupuestos Regionales para 2024, y afecta a varias leyes importantes como la de Buen Gobierno y Profesionalización de la gestión de los centros sanitarios del Sermas, la Ley de Transparencia y Participación, y la Ley de Protección de los Consumidores, entre otras.

Lobato ha criticado duramente la forma en la que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, está llevando a cabo su labor legislativa, argumentando que rompe consensos y limita la capacidad del poder Legislativo de controlar asuntos cruciales. El portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas ha exigido que se respete la arquitectura legislativa de la autonomía y que la democracia funcione plenamente en la región.

El recurso presentado se basa en la supuesta limitación de los derechos políticos de los parlamentarios, especialmente en lo que respecta al debate en la Cámara regional. Lobato ha advertido que si la democracia se ve amenazada en Madrid, recurrirán a los tribunales para hacer valer sus derechos constitucionales.

Entre las modificaciones introducidas por la Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad se encuentra la posibilidad de regular el estatuto de los expresidentes por parte del Consejo de Gobierno, cambios en la Ley de Vías Pecuarias, y la eliminación de la limitación de mandatos del presidente de la Cámara de Comercio, entre otros.

La Ley de Cámaras de Cuentas ha sufrido alteraciones en la elección del presidente y de los consejeros, aumentando el número de estos últimos y cambiando el porcentaje necesario para elegir al presidente. Además, el Consejo Consultivo ha visto modificadas sus funciones y su estructura interna, pasando a depender de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.

En resumen, las modificaciones introducidas por esta ley han generado un intenso debate político en la región, con acusaciones de falta de respeto a la democracia y a la arquitectura legislativa por parte del PSOE y críticas a la forma de legislar de la presidenta Ayuso. Con el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, queda en manos de la justicia determinar si estas modificaciones son constitucionales o no.