En Madrid, la Audiencia Provincial ha vuelto a posponer el juicio que debía llevarse a cabo contra una pareja acusada de defraudar a varios individuos y empresas a través de la venta de paquetes que prometían viajes y entradas para eventos del campeonato mundial de motociclismo.

Esta es la segunda ocasión en que se retrasa la vista. En esta oportunidad, la mujer implicada presentó un informe médico que justificó su inasistencia al juicio, conforme han revelado fuentes jurídicas a medios locales.

El Ministerio Público ha solicitado una pena de nueve años de prisión para la mujer y siete años para su compañero, acusándoles de estafa con la agravante de reincidencia. Además, la empresa Aupa Travel S.L., de la cual la mujer es propietaria y el hombre es el administrador, enfrenta una multa de casi tres millones de euros.

Según la Fiscalía, ambos acusados gestionaban Aupa Travel S.L., dedicada al turismo tanto minorista como mayorista. Mientras que el hombre se desempeñaba como administrador único, la mujer era la dueña de la entidad.

En el año 2020, la pareja logró convencer a cuatro personas y a dos empresas de que Aupa Travel S.L. contaba con una solidez financiera considerable, insinuando incluso que formaba parte de la red de Globalia y que mantenía acuerdos con importantes organizaciones, como Dorna Sport S.L., encargada de los campeonatos Moto GP a nivel global.

Una vez que los estafadores obtuvieron la confianza de sus víctimas, ofrecieron a estas la posibilidad de adquirir paquetes de Moto GP, asegurando que Axa Seguros Generales S.A. cubriría las cancelaciones en caso de que no pudieran asistir a los eventos programados.

Los afectados aceptaron la oferta y desembolsaron diversas cantidades de dinero a la cuenta de Aupa Travel S.L. Por ejemplo, la sociedad Materiales Inoxidables S.L. transfirió 400.296 euros, Manitox 2010 S.L. aportó 42.278 euros, y las otras cuatro personas contribuyeron con un total de 135.552 euros.

Cuando finalmente los eventos de motociclismo fueron cancelados, la mujer dirigida a los afectados les aseguró que tramitaría las gestiones necesarias con las aseguradoras para que pudieran recuperar su dinero. Sin embargo, antes de actuar en consecuencia, solicitó que cubrieran ciertos gastos de cancelación, indicándoles que debían mencionarlos como "timbres" o "Banco de España". Confiando en que era necesario, los perjudicados realizaron un pago total de 21.550 euros.

Adicionalmente, la mujer exigió a algunos de los implicados que pagaran cantidades en concepto de IRPF para facilitar el reembolso de la indemnización, aunque solamente E.C.V. cumplió, aportando 2.100 euros. A pesar de que los afectados recibieron facturas de abono en octubre de 2020 y realizaron los pagos solicitados, nunca recuperaron el importe correspondiente a la indemnización por cancelación.

En medio de estos pagos, los acusados comunicaron a A.C.V. y E.C.V. que enfrentaban problemas momentáneos de liquidez y solicitaron un préstamo, sabiendo que no tenían intención de devolverlo. Los afectados, creyendo esta afirmación, transfirieron otros 39.506 euros a la cuenta de Aupa Travel S.L. Como resultado, la Fiscalía demanda una indemnización total de 730.536 euros por los daños ocasionados.