El partido político Más Madrid ha decidido presentarse como acusación popular en el proceso judicial que se ha abierto por la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid en contra del novio de la presidenta de la Comunidad Autónoma, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.

Según han adelantado a Europa Press, esta decisión ha sido tomada luego de una exhaustiva revisión por parte de sus servicios legales, con el objetivo de velar por el cumplimiento de las responsabilidades legales y proteger los derechos de los contribuyentes madrileños.

La portavoz del partido, Manuela Bergerot, ha expresado su interés en obtener toda la información relacionada con el supuesto fraude fiscal cometido por el novio de la presidenta, así como averiguar sus vínculos con empresas relacionadas con el sector de la sanidad pública en la región.

Ante estas acusaciones, el partido ha dejado claro que utilizará todas las herramientas legales a su disposición para esclarecer los hechos y buscar justicia en este asunto que, desde un principio, han insinuado que podrían ser indicio de corrupción y que han relacionado con la presidenta Ayuso.

Además, Más Madrid ha demandado en múltiples ocasiones la dimisión de la presidenta y ha puesto en tela de juicio la gestión de los conglomerados sanitarios privados en la región, solicitando una auditoría para analizar su relación con la gestión pública.

El partido ha argumentado que los hechos que se investigan tienen vinculación con la Comunidad de Madrid y han señalado eventos posteriores a la denuncia, como la rueda de prensa en la que Ayuso defendió a su pareja ante las acusaciones de la Fiscalía.

Este movimiento del partido en oposición se suma a la acción legal tomada por el PSOE-M, que también se ha personado en el caso y que ha sido aceptada por la jueza encargada del proceso.

Los socialistas han destacado que su participación como parte civil en el caso se debe a la posible implicación de delitos contra la hacienda pública y falsificación de documentos, considerando que se trata de un asunto de interés público.

Por tanto, el PSOE ha abonado una fianza de 3.000 euros para poder formar parte de la causa en representación de sus afiliados y en defensa del interés general de la ciudadanía, argumentando que los hechos están relacionados con contrataciones durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.