El papel del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha vuelto el foco de atención en el análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha identificado su "participación preeminente" en los acontecimientos que condujeron a la filtración objeto de investigación, derivada de la querella interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según un informe al cual ha tenido acceso Europa Press, los investigadores han elaborado un minucioso relato cronológico sobre todas las comunicaciones entre la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, y otros miembros de la Fiscalía en relación con los hechos en cuestión. Este análisis se ha realizado tras haber cumplido con el plazo establecido por el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo, que abarca desde el 8 hasta el 14 de marzo.

Los investigadores, tras evaluar las comunicaciones intervenidas, han llegado a la conclusión de que desde las 21:59 horas en que el fiscal general del Estado recibió un correo que contenía la información que se filtró, hasta su publicación a las 23:51 horas, únicamente un reducido grupo de personas tuvo acceso a "todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa". Este selecto grupo tenía conocimiento no solo de que se estaba elaborando un "comunicado" por parte del Ministerio Público, sino también del "periodo temporal aproximado en el que se publicaría".

En su informe, los agentes hacen hincapié en que "todas estas circunstancias solo se dieron inicialmente en la Fiscalía", lo que sugiere que la filtración se originó en esta institución y puede rastrearse específicamente hasta la Fiscalía General del Estado, incluyendo al fiscal jefe provincial, la fiscal superior, la fiscal decana de delitos económicos y el fiscal de delitos económicos.

De acuerdo con las investigaciones, "la iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y, en este contexto, la solicitud de los diferentes correos, son atribuidas al fiscal general del Estado". Este asumió un rol activo al impartir órdenes directas para una respuesta a la información divulgada por el diario El Mundo.

En relación a este punto, los agentes sostenían que la nota fue confeccionada por la Fiscalía General "con los datos proporcionados por la Fiscalía Provincial", transmitiendo las órdenes a través de la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, quien también actuó como canal para recibir información relevante.

El informe de la UCO afirma que "la persona que filtra la información tiene conocimiento en el momento de hacerlo de que, aunque la nota es elaborada por la Fiscalía General, el canal a través del cual se hará pública será la Fiscalía de Madrid".

Por otra parte, los investigadores aseguran que "existe una o varias personas en la Fiscalía General que están colaborando con el fiscal general en la redacción de la nota de prensa", aunque estas personas no pueden ser identificadas con la información disponible en este momento.

En vista de la "participación preeminente del fiscal general del Estado en los hechos que, finalmente, condujeron a la filtración investigada", la UCO ha solicitado al juez que le permita acceder a la información que fue incautada durante el registro del despacho de García Ortiz, realizado el pasado 30 de octubre. Este lunes, el juez instructor Ángel Hurtado ha dado luz verde a la petición de los investigadores.