La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha decidido posponer la manifestación de taxistas que estaba programada para este martes, trasladándola al día 28 de mayo. Esta decisión responde a la reciente concesión de 8.500 autorizaciones para vehículos de transporte con conductor (VTC) a la empresa Cabify, emitidas por la Comunidad de Madrid en medio de un largo proceso judicial que se ha prolongado durante años.

En un comunicado, la FPTM ha explicado que el cambio de fecha se debe a consultas realizadas con la Delegación del Gobierno en Madrid, que es la entidad encargada de aprobar este tipo de movilizaciones. A pesar del cambio, el recorrido de la manifestación se mantendrá sin alteraciones.

La marcha está programada para comenzar a las 10 de la mañana del 28 de mayo desde la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Los taxistas recorrerán el Paseo de la Castellana, avanzando desde el cruce con la calle San Germán hasta la calle Raimundo Fernández Villaverde, donde se encuentra la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.

En el transcurso de la manifestación, los representantes de la FPTM realizarán una parada en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde entregarán un documento que incluye las demandas del colectivo. Al finalizar la marcha, también se dirigirán a la sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras para presentar sus inquietudes.

La federación ha justificado esta protesta enfatizando la falta de respuestas por parte de las autoridades y ha señalado que su objetivo es establecer un "equilibrio real y justo entre las licencias de taxi y las autorizaciones VTC". Además, han denunciado las "irregularidades" que han observado en los procesos de Cabify.

Recientemente, la FPTM indicó que, tras un minucioso proceso de fiscalización, había hallado "irregularidades" en la documentación que esta empresa de VTC presentó para obtener sus licencias.

El conflicto radica en que la Comunidad de Madrid había condicionado la concesión de estas licencias a que Cabify demostrara que contaba con los vehículos correspondientes para operar. La empresa, entretanto, sostiene que esta condición es contradictoria con decisiones judiciales previas.

Por su parte, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, confirmó este lunes que la Comunidad no tiene intención de aceptar pasivamente la decisión judicial y que agotará las vías legales a su disposición. "Ya hemos presentado un recurso de reposición y, en su momento, un recurso de casación", declaró.

Rodrigo destacó la importancia de mantener un equilibrio entre las licencias de taxi y VTC, subrayando que en la actualidad existen más de 16.000 licencias de taxi frente a unos 9.000 permisos de VTC. Ambas cifras, según él, deberían ser suficientes para atender a la población de Madrid en términos de transporte público.

La FPTM también afirmó haber verificado que la documentación entregada por Cabify es palpable, pero los vehículos relacionados no se encontraban disponibles para la empresa de VTC.

En defensa de su posición, Cabify argumentó que las 8.500 licencias que se le han otorgado son el resultado de resoluciones judiciales que respaldan su derecho a operar. "Estas autorizaciones han sido concedidas por los tribunales. En España, respetamos las sentencias", comentó la firma, que tiene su sede en Estonia.

La empresa Bolt también ha manifestado su desacuerdo con la concesión de las 8.500 licencias a Cabify, advirtiendo que podría provocar un desequilibrio grave en el mercado, dado que Cabify controlaría cerca del 70% de las autorizaciones de VTC en la región.

Además, se alertó sobre la posibilidad de que Cabify se aproxime en número de licencias a los taxis en Madrid, donde actualmente hay alrededor de 15.000 licencias de taxi y cerca de 8.874 de VTC en total.

La controversia se remonta a abril de 2018, cuando Cabify solicitó un paquete de autorizaciones justo antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy implementara un decreto que limitaba el ratio de VTC a una por cada 30 taxis. Aunque la Comunidad de Madrid rechazó esta solicitud, Cabify llevó el caso al Tribunal Supremo y logró que se le diera la razón.

No obstante, el actual Gobierno central aprobó en junio de 2023 una ley que otorga a las comunidades autónomas y ayuntamientos la capacidad de restringir autorizaciones de licencias VTC por razones medioambientales y de gestión del tráfico, luego de que la justicia europea anulara la ratio 1/30 pero permitiera imponer limitaciones basadas en estos motivos.

En julio de 2024, la Comunidad de Madrid volvió a rechazar las solicitudes de Cabify, lo que llevó a la empresa a recurrir nuevamente ante la justicia, resultando en decisiones favorables que reafirmaron su derecho a recibir las autorizaciones solicitadas.