En un esfuerzo por salvaguardar el entorno y garantizar el cumplimiento de la legislación urbanística, la Guardia Civil ha llevado a cabo un operativo significativo bajo el nombre de 'Operación Cimientos 24', centrado en la detección y erradicación de construcciones ilegales en diversas localidades de la Comunidad de Madrid como Fuente el Saz del Jarama, Algete, Mejorada del Campo y Chinchón.

La Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil ha desempeñado un papel crucial en este operativo, ya que su objetivo principal es asegurar que se respeten las normativas medioambientales y se investiguen los delitos que afectan a la protección de los recursos naturales. Entre las infracciones más graves se encuentran las que atentan contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

Debido a la preocupante expansión de construcciones ilegales en terrenos que no están destinados a este fin, la UPRONA ha coordinado acciones con la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, así como con técnicos municipales y fuerzas policiales locales, llevando a cabo 90 inspecciones en las mencionadas localidades entre los meses de junio y noviembre.

Como resultado de estas inspecciones, se han abierto investigaciones contra 81 individuos por realizar obras en suelo no urbanizable y protegido. Asimismo, se han imputado a dos personas por usurpación de agua y defraudación de servicios, así como a un tercero por desobediencia a la autoridad, quebrantando una orden de paralización de obras emitida por el Ayuntamiento de Mejorada del Campo.

Además de las iputaciones penales, se han elaborado 80 informes-denuncia que han sido enviados a los respectivos Ayuntamientos, instándolos a que ratifiquen las medidas correspondientes para detener las obras ilegales detectadas. Estos informes también sugieren la necesidad de iniciar procesos que restablezcan la legalidad urbanística, lo que podría incluir la demolición de edificaciones ilegales si fuera necesario.

Las acciones de la Guardia Civil son fundamentales para asegurar que la ordenación del territorio y el urbanismo se manejen de forma que se minimice el impacto negativo en el medio ambiente y se protejan las diversas especies de flora y fauna que habitan la región. Este enfoque es vital para promover un uso sostenible de los recursos naturales en la Comunidad Autónoma.

Es importante destacar que estas construcciones ilegales carecen de infraestructuras adecuadas, como viales, iluminación y acceso al agua potable, lo que las convierte en lugares peligrosos para sus habitantes. Esta falta de servicios básicos aumenta el riesgo de desastres naturales, como incendios o inundaciones, ya que se encuentran en zonas no urbanizables e incluso susceptibles a inundaciones.

La vulnerabilidad de estas edificaciones afecta no solo a sus ocupantes, sino también a la eficiencia de los servicios de emergencia, que pueden tener dificultades de acceso en caso de catástrofes. Por lo tanto, la lucha contra estas construcciones ilegales no solo se enmarca dentro de la protección medioambiental, sino que también busca asegurar la seguridad de las personas que residen en estas áreas, convirtiendo esta tarea en una prioridad para las autoridades competentes.