MADRID, 15 de noviembre.

En un significativo golpe contra la piratería digital, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid, en colaboración con el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE), han desmantelado el canal de streaming ilegal más destacado de España bajo la llamada 'Operación Corsario Azul'.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Benemérita, el operativo se inició tras una denuncia presentada de forma conjunta por LaLiga y Movistar, quienes alertaron sobre la actividad ilícita que afectaba gravemente a los derechos de propiedad intelectual y al mercado. La investigación ha llevado a la identificación de un individuo de 37 años vinculado a este delito que ha causado un fraude estimado en más de 42 millones de euros.

El resultado de la operación no solo implicó la detención del sospechoso, sino también el cese de funcionamiento de todos los canales de la aplicación de mensajería utilizada para retransmitir los partidos, así como la eliminación del código malicioso que facilitaba este acceso ilegal.

Mediante el uso del reproductor multimedia KODI, conocido por su capacidad de organizar y reproducir una amplia gama de contenidos digitales, los investigadores descubrieron que una de las extensiones, o 'add on', desarrollada por un tercero, permitía disfrutar de los partidos de fútbol de las primeras divisiones española gratis. La indagación se enfocó en rastrear el origen de las transmisiones ilegales de estos eventos deportivos, a menudo de gran interés público.

Al seguir el rastro del código fuente de dicha extensión y realizar diferentes búsquedas informáticas, se logró identificar el lugar de los eventos retransmitidos, que resultó ser una de las plataformas de mensajería instantánea más populares en el país.

Para lograr establecer la responsabilidad de los hechos, la investigación se centró en los 'nicknames' o seudónimos revelados en el código fuente de la extensión que ofrecía los partidos de forma gratuita a más de 78.000 usuarios. Este análisis exhaustivo permitió delinear el perfil del autor, cuya identidad fue confirmada tras una serie de cruce de datos en diversas bases de datos policiales.

Una vez que se logró establecer la conexión del usuario con la actividad delictiva, se confirmó que la extensión incriminada pertenecía a un individuo específico, lo que culminó en la identificación total del responsable detrás de esta alarmante estafa.