El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alza la voz ante lo que califica de "caos" en el manejo de los expedientes de traslado de menores. En particular, ha solicitado la repatriación de 56 menores no acompañados que, según afirman, enfrentan importantes dificultades para su integración en la Comunidad de Madrid. Además, han recibido a 13 jóvenes trasladados en virtud de un plan que fue implementado por el Ejecutivo central en agosto.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, expuso estos problemas en una conferencia con los medios, subrayando que la Comunidad de Madrid ha impugnado ante el Tribunal Constitucional el decreto que regula este reparto de menores. Este recurso se suma a otros dos ya presentados, uno en contra de un Real Decreto-ley desde marzo y otro contra un decreto de desarrollo aprobado en julio por el Consejo de Ministros.

La solicitud de repatriación de los 56 jóvenes se justifica con el argumento de que su integración presenta "dificultades amplias y variadas", subrayando la necesidad de promover la reunificación familiar en estos casos. Sin embargo, Dávila lamenta la falta de respuesta por parte de la Delegación del Gobierno, indicando que muchos de estos menores enfrentan problemas graves, incluidos consumos de drogas y trastornos psicológicos derivativos de su separación familiar.

En un contexto similar, el Gobierno central ya ha impulsado 124 expedientes de traslado hacia Madrid, los cuales han sido objetados por el ejecutivo regional. Desde la Comunidad se critica que el decreto nacional no toma en consideración las circunstancias específicas de cada comunidad, ni las situaciones particulares de los menores involucrados.

Además, los centros para menores en la región están operando a una ocupación preocupante del 130%, lo cual pone en peligro la efectividad del sistema de protección existente. A esto se suma el "caos" en la llegada de los expedientes, con situaciones de traslado que incluyen a mayores de edad, personas con un trabajo o lazos familiares en otras regiones, o casos que debían ser enviados a otras comunidades. Aproximadamente el 30% de los traslados planteados ya han sido desestimados.

Dávila enfatizó que el Gobierno debe adoptar medidas urgentes para contener esta afluencia masiva de menores, que representa un riesgo grave para el sistema de protección de menores en todo el país. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid ha atendido más de 1,500 jóvenes este año, cifra que se asemeja a la del año anterior, con cada vez más casos de menores no acompañados que llegan en situaciones difíciles, complicando su adaptación. En cuanto a los 56 menores cuya repatriación se ha solicitado, el Gobierno regional argumenta que lo adecuado sería que reciban atención en su entorno familiar.