En un reciente comunicado, la Comunidad de Madrid ha decidido no proporcionar al Ministerio de Sanidad los datos relacionados con sus programas de cribado para el cáncer de mama, colon y cérvix. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, sostiene que esta solicitud es parte de una estrategia con fines políticos, diseñada para desviar la atención de problemas reales que enfrenta el Ministerio dirigido por Mónica García.

Matute envió una carta a la ministra el lunes, recordando que los programas de detección son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En su opinión, no hay ninguna obligación legal o acuerdo formal que justifique el envío de dicha información en los términos solicitados.

El Ministerio de Sanidad argumentó que necesitaba los datos de todos los programas de cribado para realizar un seguimiento más eficaz y fortalecer la supervisión tras las recientes revelaciones sobre las demoras en la detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.

Sin embargo, para la responsable madrileña, este enfoque es contraproducente, ya que, en lugar de contribuir a la mejora de los programas de salud, parece ser una táctica destinada a desviar la atención de las deficiencias en la gestión del propio Ministerio. Matute critica que, en lugar de abordar cuestiones urgentes, como la escasez de profesionales o la falta de recursos económicos, la ministra prefiere centrarse en cuestiones que, a su juicio, no aportan valor al sector.

Según la consejera, esta acción del Ministerio podría generar inseguridad entre las asociaciones de pacientes y organizaciones científicas, que interpretan esta competencia como un riesgo adicional para la credibilidad de programas preventivos vitales.

Matute también expresó su descontento por el hecho de que el Ministerio intente presionar a las comunidades para que aceleran el envío de datos, mientras que ellos mismos no han terminado de desarrollar las herramientas necesarias para la validación de estos. Argumenta que las demandas del ministerio parecen estar más impulsadas por intereses políticos que técnicos.

Además, añadió que el Ministerio no cuenta con una red de cribado propia o sistemas de seguimiento que proporcionen información de calidad más allá de las estadísticas básicas de cobertura y participación. No existe, según ella, un documento oficial que regule el funcionamiento de estos programas, salvo un informe técnico del Consejo Interterritorial.

Un punto importante que Matute destacó es que el Ministerio aún no ha finalizado un sistema informático esencial para la recopilación de los datos requeridos, el cual aún se encuentra en revisión debido a problemas técnicos reportados por varias comunidades autónomas.

Asimismo, menciona que el análisis de los indicadores establecidos en el documento del Ministerio depende del desarrollo de este sistema informático, que aún no está operativo. Por lo tanto, considera inapropiado solicitar esta información en las condiciones actuales.

La consejera enfatizó que los programas de cribado son responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas, y que su gestión ha sido exitosa, llevándose a cabo con autonomía y profesionalismo durante años. Las comunidades gobernadas por el PP, añade, cuentan con programas consolidados que cumplen con los estándares europeos.

Para concluir, Matute reafirma el compromiso de su consejería con la transparencia y la cooperación institucional, pero subraya que dicha cooperación debe fundamentarse en el respeto a las competencias y en objetivos reales de mejora en la atención sanitaria, y no en el aprovechamiento partidista de la salud pública.