El Gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, está en la fase final de elaboración de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), la cual se espera sea presentada en la Asamblea en diciembre. La normativa propuesta busca establecer un marco regulatorio que promueva la agilidad y la simplificación administrativa, especialmente en lo que respecta a las sanciones asociadas a manifestaciones no autorizadas, conocidas como "escraches".

Emilio Viciana, consejero de Educación, destacó que la intención del Gobierno es construir un consenso en torno a la ley, enfatizando que se están tomando en cuenta las opiniones de todos los involucrados en el sector educativo. “Queremos una normativa que refleje el acuerdo de múltiples voces y que se ajuste a las necesidades actuales de las universidades”, afirmó Viciana durante una reciente rueda de prensa.

El borrador inicial de la ley había propuesto sanciones que iban desde 15.000 hasta 100.000 euros por manifestaciones no aprobadas que perturbaran actividades autorizadas en los campus universitarios. Además, se señalaban graves infracciones por no garantizar la pluralidad y la libertad de expresión en estos espacios, con multas que podían llegar a superar el millón de euros.

No obstante, las últimas reuniones han llevado a una revisión de estas cifras, reduciendo el máximo de las sanciones a 300.000 euros y limitando las infracciones muy graves a aquellas que puedan incidir directamente en el funcionamiento normal de los campus. La norma no contemplará, por ejemplo, la exhibición de pancartas no autorizadas como una falta grave.

El Gobierno regional se muestra receptivo a las propuestas de la comunidad universitaria, y el siguiente paso será dar inicio al proceso de audiencia pública del anteproyecto. Una vez que se formalice como Proyecto de Ley, se remitirá a la Asamblea de Madrid, donde se espera que se dé un debate amplio que incluya las opiniones de los distintos partidos representados en la Cámara.

La intención es conseguir un consenso que permita que la ley esté aprobada para la primavera de 2026. El borrador actual ha tomado en cuenta diversas sugerencias de universidades emblemáticas como la Complutense, Autónoma, Politécnica y Carlos III, reflejando así un esfuerzo colaborativo por parte de los líderes académicos.

Además, la Comunidad de Madrid ha decidido inyectar 10 millones de euros adicionales a la financiación por objetivos de las universidades públicas, lo que complementará los fondos básicos destinados a su operación cotidiana. Este nuevo modelo fiscal buscará fomentar objetivos específicos que beneficien a los centros de educación superior, incentivando logros académicos y de investigación, así como la atracción de personal docente de alta calidad.

El diseño de esta financiación se otorgará a cada universidad en función de su capacidad para cumplir con criterios preestablecidos, permitiendo que cada institución se alinee con sus propias características y necesidades. Se contempla la posibilidad de que cada año nuevos objetivos se sumen a la lista según los acuerdos del Consejo de Gobierno, para continuar mejorando el sistema educativo de la región.

Por otra parte, la organización interna de las universidades también sufrirá modificaciones, estableciendo que será el rector, en colaboración con el Consejo Social, quien seleccione al gerente de la universidad, eliminando así el proceso previo de elección mediante concurrencia. Asimismo, se creará una Oficina Económico Presupuestaria, en la que trabajarán dos profesionales, uno designado por el rector y el otro por el Consejo Social.

Finalmente, el borrador establece de forma más clara la función del Distrito Único de Prácticas, garantizando que todos los estudiantes tengan acceso a plazas de prácticas necesarias para su titulación. Aunque se mantendrá el sistema de distribución actual, esta nueva modalidad permitirá una asignación efectiva de los espacios vacantes en un segundo momento, de manera que cada alumno pueda cumplir con sus requisitos académicos sin inconvenientes.