En Madrid, el 12 de mayo, se ha dado un paso significativo en el caso que involucra a Francisco Martín Aguirre, el delegado del Gobierno en Madrid. La Abogacía del Estado ha decidido representar y defender a Aguirre en el denominado 'caso Begoña Gómez', en el cual se le acusa de malversación de fondos públicos durante su periodo en Moncloa, donde estuvo a cargo de la asesora de la esposa del presidente Pedro Sánchez.

De acuerdo con documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, el equipo jurídico del Estado presentó un escrito el 9 de mayo ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, confirmando su papel como representantes de Aguirre en este asunto.

El próximo miércoles, Francisco Martín Aguirre deberá comparecer ante el juez Juan Carlos Peinado, donde se le interrogará sobre las acusaciones de malversación relacionadas con su tiempo como secretario general de Presidencia. Se investiga su implicación en el nombramiento de Cristina Álvarez, quien es la asesora de Begoña Gómez y figura central en este caso.

El juez Peinado, a cargo del proceso, tiene programado el interrogatorio para las 13:30 horas, después de haber admitido una querella presentada por el partido Vox. Esta demanda ha sido acumulada al procedimiento que está investigando a la esposa de Pedro Sánchez por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida.

La querella de Vox pone el foco en el papel que desempeñó Aguirre en la selección y funciones de Cristina Álvarez, quien era responsable de atender a Begoña Gómez. Los denunciantes argumentan que Aguirre era el superior jerárquico de Álvarez durante su mandato en julio de 2021 y le atribuyen responsabilidades por malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Sin embargo, el juez Peinado ha centrado la investigación únicamente en el posible delito de malversación de Aguirre.

El juez considera que hay motivo para investigar la implicación de Aguirre, dado que se le relaciona con el nombramiento de Álvarez, quien ejercía funciones privadas para Gómez utilizando fondos públicos.

Es relevante recordar que Cristina Álvarez se incorporó a Moncloa en el verano de 2018, cuando Aguirre trabajaba como director del gabinete técnico. No fue hasta julio de 2021 que Aguirre asumió el cargo de secretario general. Este punto ha sido destacado por la Fiscalía, que ha cuestionado la lógica de incluir a Aguirre en la investigación, sugiriendo que su papel estaba fuera del ámbito de la decisión de nombramiento.

El Ministerio Público argumenta que no se puede responsabilizar a Aguirre por un nombramiento que ocurrió tres años antes de que él asumiera la dirección general de Presidencia. En el recurso presentado, subrayan que no existen evidencias claras de actividad delictiva por parte de Aguirre y critican la decisión de imputarle basándose en supuestos vagos y mal fundamentados.