El fiscal solicita 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y 15 años de prisión en el caso de Luceño

MADRID, 7 Feb.

El inicio del juicio por el 'caso de las mascarillas' se aproxima, con Luis Medina y Alberto Luceño enfrentándose a acusaciones por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia de 2020. La venta de mascarillas, guantes y test de baja calidad es el foco de esta controversia.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, presidida por la magistrada Ángela Acevedo, será la encargada de juzgar los eventos ocurridos en la primera ola de la pandemia, recordando casos anteriores como el 'caso Madrid Arena' y el de Rodrigo Rato.

El juicio se llevará a cabo en varias sesiones a lo largo de febrero, y el Ayuntamiento de Madrid mantendrá su postura de considerar que los hechos pueden constituir delitos. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reiteró la postura firme de la institución al respecto.

Las acusaciones se centran en las millonarias ganancias conseguidas presuntamente de forma fraudulenta por ambos acusados. Luceño habría adquirido lujosos bienes con cinco millones, mientras que Medina compró un yate con un millón obtenido de la venta de material sanitario de baja calidad.

El fiscal Luis Rodríguez Sol ha presentado una solicitud de penas de 9 años de cárcel para el hijo de Naty Abascal y 15 años para Alberto Luceño. Además, se pide el pago de multas sustanciales y compensaciones a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.

Las acusaciones incluyen delitos de estafa, falsedad documental y enriquecimiento ilícito a costa de la necesidad de material sanitario. El fiscal destaca la presunta manipulación de precios y comisiones excesivas ocultadas a los compradores.

El juicio revela una trama de engaños y beneficios desmesurados a expensas de la crisis sanitaria, con acusaciones de ocultamiento de comisiones y falsificación documental. El fiscal insiste en la presunta manipulación de precios y en el enriquecimiento ilícito de los acusados.

A pesar de las complicaciones en torno a la calidad de las mascarillas vendidas, el fiscal subraya que no se han presentado pruebas concluyentes de que incumplieran con los estándares requeridos. Sin embargo, persiste la sospecha de prácticas fraudulentas en la venta de material durante la pandemia.

El auto de procesamiento destaca la presunta intención de engañar al Ayuntamiento de Madrid, ocultando información clave y beneficiándose de forma ilegítima. Los acusados enfrentarán las acusaciones de enriquecimiento injusto a costa de la crisis sanitaria, con el peso de la ley pendiendo sobre sus cabezas.