Un nuevo capítulo judicial se ha abierto en Madrid tras la decisión de la jueza Carmen Rodríguez Medel, quien ha decidido llevar a juicio a Alberto González Amador, señalado por un presunto caso de fraude fiscal que asciende a 350.000 euros durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. La magistrada actuó en respuesta a la solicitud de la Fiscalía, ignorando el intento de la defensa de postergar esta resolución.

El juicio se centrará no solo en González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, sino también en otros cuatro coacusados en este proceso. La jueza ha declarado que el Juzgado de lo Penal de Madrid será el encargado de gestionar y dictar sentencia en este relevante caso.

El Ministerio Público y el abogado del Estado han formulado una petición de pena que incluye casi cuatro años de prisión para González Amador, planteando dos delitos fiscales acompañados de falsedad documental. Sin embargo, en un giro significativo, la acusación presentada por PSOE y Más Madrid ha solicitado que se expanda la pena a cinco años al añadir cargos relacionados con contabilidad y su supuesta pertenencia a un grupo criminal.

El principal acusado deberá enfrentar el juicio por violaciones fiscales en relación al impuesto de sociedades de 2020, en conjunto con otro delito de falsedad en documentos comerciales. Adicionalmente, se le tilde de responsable en el ámbito contable y de ser parte de un grupo delictivo.

Esta apertura de juicio se produce poco tiempo después de que la jueza rechazara la solicitud de la defensa de retrasar el proceso, argumentando que no existía razón suficiente para tal demora. Así, la magistrada ha puesto en marcha un caso que promete ser uno de los más comentados en la esfera pública.

El origen de las diligencias se remonta a una denuncia presentada por el Ministerio Fiscal, que ha puesto de relieve posibles irregularidades relacionadas con el Impuesto de Sociedades en los mencionados años. Estos indicios apuntan a la posible manipulación de facturas por servicios que nunca fueron prestados, con el objetivo de reducir la carga tributaria.

El pasado 24 de febrero, González Amador decidió ejercer su derecho a no declarar, siguiendo el consejo de sus abogados, hasta que se resolviera un recurso sobre la apertura de la pieza separada que estaba bajo revisión. Tras una semana, la Audiencia Provincial de Madrid autorizó la inclusión de otros delitos en este asunto judicial.

Durante su declaración ante la jueza, González Amador presentó documentación sobre sus ingresos provenientes de Quirón Prevención y refutó las acusaciones de ocultación a través de una hipotética sociedad instrumental creada para evadir impuestos. Sin embargo, la denuncia del fiscal se basa en un informe de la Agencia Tributaria que identifica "gastos ficticios" derivados de facturas de diversas entidades.

La Fiscalía ha argumentado que estos gastos no correspondían a servicios realmente prestados, buscando así ingresar una cantidad menor a la que realmente debían pagar por el Impuesto de Sociedades de los años en cuestión. En 2022, la Fiscalía recibió un informe que hacía referencia a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería, sugiriendo la existencia de pruebas que podrían indicar delitos fiscales relacionados con esos ejercicios.

El informe en cuestión destaca la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública, con un monto de fraude que supera los 120.000 euros, así como un presunto delito de falsedad documental por haber presentado facturas que no reflejaban servicios efectivamente proporcionados, todo en un esfuerzo por reducir la cuota tributaria correspondiente.