En una reciente decisión judicial en Madrid, el Juzgado de Instrucción número 38 ha iniciado un procedimiento basado en una acusación formulada por la Fundación Española de Abogados Cristianos. La denuncia se centra en la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, a quien se le imputan supuestas irregularidades en la concesión de contratos destinados al mantenimiento del emblemático Valle de los Caídos.

Según un auto judicial al que tuvo acceso Europa Press, se da luz verde a la apertura de este caso, aunque la fundación denunciante no podrá intervenir en el proceso. Esto se debe a que no se han cumplido los requisitos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que una entidad pueda actuar como acusación popular.

La Fundación Española de Abogados Cristianos alega que la presidenta de Patrimonio Nacional ha incurrido en delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. En su denuncia, se hace hincapié en la adjudicación de dos contratos por un total de 600.000 euros a una única empresa, 'Limpiezas Manchegas Becquer', que fue la única que presentó ofertas para el mantenimiento de este sítio histórico.

La organización resalta que la empresa beneficiaria de los contratos tiene antecedentes de impago con la Administración Pública, enfrenta sanciones en Castilla-La Mancha y mantiene litigios abiertos en el ámbito civil y social. Además, se menciona que se ha iniciado un expediente de ejecución forzosa en su contra.

Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación de Abogados Cristianos, ha declarado que esta situación es un claro indicativo de las intenciones del gobierno de Pedro Sánchez, a quien acusa de intentar apropiarse del Valle de los Caídos por razones tanto económicas como ideológicas.