La reciente apertura de un proceso por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid pone en el centro del debate la gestión del Gobierno municipal en relación con las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales. La denuncia, presentada por el partido de oposición Más Madrid, acusa al alcalde José Luis Martínez-Almeida de prevaricación por permitir la existencia de estas propiedades no reguladas en la capital durante los últimos cinco años.

Según un documento al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ha decidido investigar la demanda presentada por la formación política, lo que señala una posible falta de acción por parte del Consistorio y la Agencia de Actividades en el control de estas prácticas ilegales.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha sido la encargada de llevar esta denuncia al Ministerio Público, argumentando que su intención es “poner fin a la impunidad” que, a su juicio, ha caracterizado la respuesta del Ayuntamiento ante el incremento de VUT ilegales en la ciudad.

La denuncia se apoya en el artículo 320 del Código Penal, que establece la responsabilidad de los funcionarios y administraciones de actuar ante el conocimiento de ilegalidades. Esto pone de manifiesto la supuesta omisión del Gobierno local, que, según Más Madrid, ha fallado en su deber de hacer cumplir la ley.

Lucía Lois, concejala de Más Madrid, ha expresado su satisfacción por el respaldo de la Fiscalía a su solicitud de investigación, enfatizando que la actitud del alcalde ha sido la de ignorar un problema que afecta gravemente a la comunidad. Según sus estimaciones, se estima que hay unas 15,000 VUT ilegales en Madrid, lo que ha generado una presión insostenible sobre el mercado de la vivienda.

Lois ha subrayado que la proliferación de estas viviendas no solo afecta a la disponibilidad de alojamiento, sino que también contribuye al aumento de los precios de la vivienda y desestabiliza la vida cotidiana de los residentes, muchos de los cuales están siendo desplazados de sus propios barrios.

La edil ha sido clara al calificar esta caída en la acción del alcalde no como una simple falta de atención, sino como un acto deliberado de incumplimiento de la ley. La denuncia ante la Fiscalía, según ella, tiene la firme intención de evidenciar que existe un cómplice silencio que protege intereses económicos particulares a expensas de la comunidad.

Finalmente, Lois ha recorrido a la Fiscalía para instar al Gobierno municipal a asumir su deber de regular y controlar las actividades relacionadas con el turismo en la ciudad, resaltando que, desde su perspectiva, la inacción responde a una falta de compromiso con el bienestar ciudadano y muestra una clara intención de favorecer a aquellos que operan al margen de la legalidad.