En un reciente anuncio que ha causado revuelo en el ámbito social y político, el Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Ana Redondo, ha decidido investigar una denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión 'No es terapia'. Esta organización ha señalado que en siete diócesis de España se estarían llevando a cabo cursos y talleres orientados a la conversión sexual de personas LGTBI+, lo que ha generado preocupaciones sobre la legalidad y la ética de tales prácticas.

La mencionada ministra se reunió el pasado miércoles con Saúl Castro, presidente de la entidad denunciante, donde se discutieron los detalles de la denuncia formal presentada ante el Ministerio, a través de la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+. Esta reunión marca un paso significativo en la atención que el gobierno está prestando a las alegaciones de la mencionada asociación, evidenciando una respuesta institucional ante posibles infracciones de derechos humanos.

De acuerdo con la información recabada, 'No es terapia' ha denunciado a siete diócesis concretas: Madrid, Getafe, Alcalá de Henares, Barcelona, Sigüenza-Guadalajara, Valencia y Málaga. Acto seguido, el Ministerio de Igualdad ha anunciado que procederá a analizar el contenido de esta denuncia para determinar las acciones que se pueden llevar a cabo en el ámbito de sus competencias. Este enfoque sugiere un compromiso por parte del Ministerio para abordar este tema desde un marco legal en lugar de ignorarlo.

En relación a esto, la administración de Ana Redondo ha recordado que la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI+ prohíbe expresamente todas las prácticas asociadas a métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento. Esta prohibición se extiende incluso a aquellos casos en los que el consentimiento sea otorgado por la persona afectada o su representante legal, lo que refleja una postura firme en defensa de los derechos de este colectivo.

Además, la normativa establece sanciones que varían desde 200 hasta 150,000 euros, implicando también la inhabilitación para recibir ayudas públicas dependiendo de la severidad de la infracción. Las faltas consideradas leves, por ejemplo, incluyen el uso de expresiones despectivas y pueden conllevar sanciones que oscilan entre los 200 y 2,000 euros. Esto plantea un escenario donde el marco legal busca previsiblemente erradicar este tipo de conductas que pueden ser consideradas abusivas o discriminatorias.

Por otro lado, se describen sanciones para infracciones graves, que abarcan la omisión de retiro de contenido vejatorio en redes sociales o sitios web cuando se solicite su eliminación. Este tipo de infracción puede acarrear multas que van de 2,001 a 10,000 euros. Por lo tanto, se establece un sistema de penalización que pretende disuadir a aquellos que fomentan o apoyan estas prácticas negativas.

En el caso de infracciones muy graves, que podrían implicar multas entre 10,001 y 150,000 euros, se incluyen aquellas que promuevan o practiquen directamente métodos de conversión sexual. Esto subraya la intención del Ministerio de Igualdad de proceder de manera contundente contra aquellos que transgredan la nueva normativa, evidenciando la creciente preocupación por la escucha y protección de las comunidades LGTBI+.

Al concluir la reunión, Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, enfatizó la importancia de iniciar un debate social acerca del significado de las terapias de conversión, declarando que estas niegan la identidad de las personas y pueden provocar daños psicológicos irreparables. Según del Valle, las repercusiones de este tipo de terapia pueden tener un efecto duradero sobre la vida emocional y sexual de las personas afectadas.

En una señal de rechazo a estas prácticas, la Archidiócesis de Madrid se alineó con la postura del Vaticano en contra de las terapias de conversión sexual, aunque aclaró que, hasta la fecha, no habían recibido denuncias al respecto. Esto demuestra una disposición a previsiblemente distanciarse de cualquier posible implicación en dichas actividades.

Paralelamente, la Diócesis de Getafe también emitió un comunicado en el que se opone a las terapias de conversión, explicando que su denuncia se refiere a charlas de personas que compartieron su propia conversión a la fe. Este hecho sugiere que diferentes entidades religiosas están comenzando a tomar una posición clara sobre este tema controvertido.

Finalmente, el Arzobispado de Barcelona se manifestó en contra de dichas terapias, asegurando en un comunicado fechado el 4 de enero que estas iniciativas no estaban relacionadas con la archidiócesis y que cualquier vinculación era con empresas privadas ajenas. Esta separación de la organización de encuentros o talleres relacionados con la conversión subraya el deseo de las instituciones religiosas de mantenerse al margen de situaciones que puedan resultar controversiales o perjudiciales para su imagen y misión.