En el día de hoy, 29 de enero, la Fiscalía de Madrid ha realizado una solicitud formal a la jueza Inmaculada Iglesias para que convoque a Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La intención es que González Amador acuda a declarar a más tardar el próximo 3 de febrero, tras la suspensión de su comparecencia que estaba programada para el 7 de febrero. Esta convocatoria es parte de una investigación en curso sobre supuestos delitos fiscales que le conciernen.

En un documento al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal ha enfatizado la necesidad de que la citación se realice sin demora, ya que el investigado ha hecho planes para salir del país entre el 4 y el 12 de febrero, situación que al parecer ha sido aceptada por el juzgado. Además, existe una preocupación sobre el inminente cierre del plazo para la instrucción de este caso.

La semana anterior, la propia magistrada tuvo que suspender la declaración a solicitud de la defensa, la cual argumentó la existencia de un compromiso judicial previo en el Juzgado de Primera Instancia número 46. Asimismo, se mencionó que el novio de Ayuso ya tenía un viaje profesional programado durante el periodo del 4 al 12 de febrero, lo que complicaba la posibilidad de su comparecencia en el tribunal en la fecha inicialmente fijada.

Este procedimiento penal investiga a González Amador por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria, así como un delito de falsedad documental, en relación a un caso de presunto fraude fiscal que ha sido atribuido por la Fiscalía de Madrid. La acumulación de señalamientos y la falta de comparecencias han suscitado preocupaciones, dado que ya se han suspendido hasta en cuatro ocasiones las declaraciones que se habían establecido.

De hecho, la primera suspensión tuvo lugar el 24 de junio, cuando la acusación popular, representada por PSOE y Más Madrid, solicitó que se investigaran cinco nuevos delitos después de revisar un informe de la Agencia Tributaria. Este documento puso en evidencia nuevos aspectos que dieron pie a la ampliación de la investigación.

En el mes de octubre, la jueza Iglesias decidió abrir una pieza separada en la que se explora la posibilidad de que la pareja de Díaz Ayuso haya cometido delitos diferentes a los que ya se están investigando en la causa principal. Esta hipótesis se refiere al uso de una empresa para, presuntamente, ocultar ingresos relacionados con el Grupo Quirón.

La jueza fundamentó esta decisión en un informe proporcionado por la Agencia Tributaria, el cual señalaba que había existido una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" en el año 2021. Según las acusaciones, se habría hecho uso de una sociedad pantalla (Masterman S.L.) para llevar a cabo la cesión parcial de un contrato de servicios entre Maxwell Cremona, que es de propiedad de González Amador, y su cliente, Quirón Prevención S.L.