En una reciente controversia relacionada con la construcción de una planta de gas natural en Miraflores de la Sierra, la Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido llevar ante los tribunales a un técnico municipal por su presunta implicación en un delito que afecta a los recursos naturales y al medio ambiente.

Este caso se originó a raíz de una denuncia presentada hace un año por residentes de la Urbanización Parque Miraflores, quienes alertaron sobre la autorización por parte del Ayuntamiento para la edificación de una planta regasificadora en la calle Rafael Alberti. Los denunciantes aseguraron que la instalación se encontraba a escasa distancia de las viviendas, lo cual generaba serias preocupaciones de seguridad.

La planta de gas, con un tanque de capacidad de 80 m3, fue diseñada para abastecer a todo el municipio. Sin embargo, los vecinos argumentaron que la decisión del Ayuntamiento estaba plagada de irregularidades, especialmente en lo que respecta a la proximidad de la planta a las viviendas, lo cual podría poner en riesgo la seguridad de la comunidad.

A lo largo del proceso, se han presentado informes tanto del Seprona de la Guardia Civil como de la Policía Local de Miraflores que respaldan la existencia de problemas en la autorización de dicha instalación, subrayando una vez más la falta de conformidad con las normas de seguridad pertinentes.

A pesar de los riesgos evidentes, un informe favorable, emitido por un técnico industrial del Ayuntamiento, fue crucial para que la Junta de Gobierno Local concediera la licencia de obras en diciembre de 2022. Este informe, que contrariamente a lo que dictan las normativas de seguridad, avalaba la construcción, ha sido objeto de crítica y cuestionamiento por sus implicaciones directas en la seguridad de los residentes.

La Fiscalía ha señalado que la autorización de la planta de regasificación, a pesar del incumplimiento de las distancias de seguridad, representa una clara amenaza para la vida y la integridad de las personas. Con base en los hallazgos, se ha decidido presentar una denuncia formal ante el Juzgado Decano de Instrucción de Colmenar Viejo contra el técnico que emitió el informe que facilitó la autorización, lo que pone de relieve la gravedad de la situación y el deber de salvaguardar los intereses ambientales y la seguridad pública.