En un giro significativo para la política madrileña, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido a favor del diputado del PSOE, Daniel Rubio. En su dictamen, el tribunal ha determinado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid violó el derecho fundamental del político a participar en la esfera pública, tal como establece el artículo 23.1 de la Constitución Española.

Según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo ha dado la razón a Rubio al considerar que se trató de una denegación tácita de las solicitudes de información que había presentado, las cuales fueron ignoradas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El tribunal declara nula la inacción del Ejecutivo regional, que no se pronunció dentro del tiempo estipulado sobre las peticiones de información que el diputado realizó en relación con el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Estas solicitudes incluían los documentos relativos a las autorizaciones administrativas para la apertura y el funcionamiento del hospital.

La falta de respuesta en el plazo fijado por el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid llevó a Rubio a interponer un recurso en defensa de sus derechos fundamentales. Aunque la Comunidad finalmente proporcionó la información requerida, lo hizo ya una vez que se había iniciado el proceso judicial, lo que, según el tribunal, no impidió la violación del derecho del diputado.

El fallo del tribunal enfatiza que el acceso a la información es un componente crucial del "ius in officium", que hace referencia a los derechos inherentes al desempeño del papel representativo de los legisladores. La negativa o el retraso injustificado en el suministro de esta información afecta gravemente el derecho de participación política de los representantes.

El propio Rubio hizo público este fallo durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL), donde su partido buscaba que la Asamblea exigiera al Gobierno regional establecer mecanismos adecuados de control y supervisión para prevenir prácticas de fraccionamiento en la gestión pública.

En su intervención, Rubio criticó abiertamente la gestión del Partido Popular, argumentando que medidas efectivas contra la corrupción podrían poner fin a lo que describió como un estilo de gobernanza que fusiona el dinero público con las agendas personales de sus líderes y allegados. Además, afirmó que lo que el PP llama libertad es, en realidad, una forma de impunidad que desprecia los servicios públicos y perjudica a la ciudadanía en su conjunto, catalogando a la Comunidad de Madrid como un refugio del clientelismo.