La administración de la Comunidad de Madrid ha expresado su intención de cumplir con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo, aunque ha manifestado previamente algunas reservas sobre la protección de datos relacionados con los expedientes en cuestión.

Ayer, el Tribunal Supremo dictó una resolución que instruye a la Comunidad de Madrid a hacer públicas las cuentas de la agencia Madrid Network, respaldando así el derecho de los ciudadanos a conocer el uso que se da a los recursos públicos.

Este fallo se desprende de una sentencia en la que se desestima el recurso de casación presentado por la Comunidad, en respuesta a una decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del 25 de abril, quien también impuso las costas a la parte que recurrió.

Madrid Network fue fundada en 2007 bajo la iniciativa del Gobierno regional, en un esfuerzo por potenciar el tejido empresarial innovador en la región. La sentencia actual refuerza una resolución previa del Consejo de Transparencia, que aprobó la solicitud de un ciudadano para acceder a las memorias anuales de la agencia, firmadas en un convenio de 2011 con la Consejería de Economía y Hacienda.

El Tribunal ha indicado que la Comunidad de Madrid no ha presentado justificaciones adecuadas sobre cómo la divulgación de los datos solicitados podría comprometer los intereses comerciales de las empresas mencionadas en dichas memorias. Además, la administración no demostró que los daños fueran reales y tangibles, limitándose a alegar generalidades.

El fallo del Supremo recalca que no hay interés casacional en este caso, dado que la jurisprudencia existente ya establece que el acceso a la información pública solo puede ser restringido bajo pruebas claras y proporcionales, no basadas en temores difusos.

El portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguró que aún no tenía conocimiento de la sentencia del Alto Tribunal. Sin embargo, se comprometió a respetar las resoluciones judiciales. Defendió que su decisión de retener la información se fundamentaba en la protección de datos y manifestó que, tras la resolución, no habrá inconveniente para facilitar la información solicitada.

García Martín insistió en que Madrid Network es una entidad privada a la que se le ha exigido rendir cuentas sobre los préstamos recibidos y las deudas con el Gobierno regional, subrayando la posición de claridad y transparencia por parte de su administración.

Desde la oposición, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, realizó críticas hacia la agencia, señalando que conecta los escándalos de corrupción de la era de Esperanza Aguirre con el ascenso político de la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Expresó que los subsidios otorgados a Madrid Network han derivado en un agujero negro que podría haber costado hasta 50 millones de euros, sugiriendo que hay motivos para ocultar información financiera.

La portavoz regionalista demandó transparencia sobre este asunto y exigió explicaciones a Ayuso acerca de las actividades de la agencia. En el mismo sentido, Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea, urgió a la presidenta a aclarar la situación de Madrid Network y su papel en la red clientelar creada por el exministro Montoro, destacando que la agencia actualmente adeuda cerca de 70 millones de euros al Gobierno regional mientras continúa recibiendo fondos públicos.