El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado el recurso presentado por el Gobierno contra una ley de la Comunidad de Madrid que obligaba a solicitar autorización judicial para aplicar la eutanasia a personas con discapacidad tuteladas. La corte de garantías ha suspendido este precepto con efecto cautelar hasta que la cuestión sea resuelta en el fondo del asunto.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se opuso a la disposición adicional segunda de la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 1/2023, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. Este precepto establecía que se llevaría a cabo un procedimiento de jurisdicción voluntaria para solicitar autorización judicial en caso de querer realizar cualquier acción que afectase al derecho a la vida de una persona con discapacidad tutelada.

En una rueda de prensa, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, explicó que el Ejecutivo se opuso a esta disposición al considerar que trunca el derecho a la eutanasia de las personas con discapacidad tuteladas por la Comunidad de Madrid. Además, el Gobierno argumenta que podría vulnerar las competencias del Estado sobre legislación civil y procesal, así como la ley orgánica y el principio de seguridad jurídica, al establecer requisitos adicionales y distintos a los previstos en la ley de la eutanasia.

El TC ha señalado que, además de admitir a trámite la impugnación, ha suspendido la aplicación de esta disposición, como lo solicitó Moncloa invocando el artículo 161.2 de La Constitución. El TC tendrá que ratificar o levantar esta suspensión en un plazo de cinco meses.