El PSOE y Más Madrid han presentado un recurso contra la decisión de la jueza de Instrucción número 19 de Madrid de rechazar las diligencias solicitadas en la causa que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por presuntos delitos de defraudación tributaria y falsificación de documentos mercantiles.

Según el recurso de reforma al que tuvo acceso Europa Press, se impugna el auto del 31 de julio que desestimaba las diligencias reclamadas por ambas acusaciones en un escrito presentado el 24 de junio, lo cual provocó el aplazamiento de las declaraciones previstas para ese día.

Las solicitudes de la acusación popular surgieron a raíz de un informe de inspección de la Agencia Tributaria incluido en el proceso, el cual sugiere que los delitos podrían ser más amplios de lo inicialmente investigado.

La acusación popular critica la denegación de las diligencias, alegando que esta decisión genera indefensión al no argumentar de forma individualizada por qué se consideran inútiles cada una de las diligencias propuestas.

Además, se argumenta que estas diligencias son cruciales para demostrar la conducta fraudulenta de los investigados, quienes habrían desarrollado una estrategia mercantil poco común y potencialmente delictiva, según menciona el fiscal.

El recurso también menciona que la Agencia Tributaria señala la existencia de operaciones anómalas que podrían encubrir pagos de comisiones y otras actividades ilícitas relacionadas con las empresas de los implicados en la investigación.

El PSOE y Más Madrid habían solicitado la investigación de la relación empresarial del novio de la presidenta regional con Quirón, así como el análisis de sus cuentas y documentos de compraventa de propiedades. Consideraban que existían indicios de múltiples delitos que requerían una investigación más detallada.

Sin embargo, la jueza consideró que muchas de las diligencias propuestas podrían ser innecesarias o prospectivas, y que su práctica podría complicar el proceso y retrasar el enjuiciamiento de los hechos, tal como dicta la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En resumen, la investigación contra el novio de la presidenta Ayuso se enfoca en posibles delitos fiscales y de falsificación documental, relacionados con facturas falsas presentadas con la intención de evadir impuestos.