La defensa ha solicitado al tribunal una pena reducida a dos años y medio de prisión por cada uno de los homicidios cometidos, en un caso que ha conmocionado a la comunidad de Morata de Tajuña.

El individuo implicado, un hombre de origen pakistaní llamado Dilawar Hussein, ha admitido ser el autor de la muerte de tres hermanos cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados en enero de 2024. El acusado argumenta que sus acciones fueron el resultado de un estado de arrebato y de un trastorno paranoide, lo que podría llevar a una disminución de la condena que reciba, dependiendo del criterio del juzgado.

El procedimiento judicial contra Hussein ha comenzado esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid, con la fase inicial dedicada a la selección del jurado popular. En esta primera sesión, las partes involucradas presentaron sus argumentos ante el tribunal, con la expectativa de escuchar la declaración del acusado al finalizar la vista.

En este contexto, el fiscal ha reclamado una pena total de 36 años de prisión por los tres homicidios y por incumplir una medida de restricción, mientras que la defensa propone una condena de solo siete años, invocando atenuantes como el trastorno de personalidad y el arrepentimiento del acusado tras confesar su crimen. Cabe destacar que no existe una acusación particular que represente a las víctimas.

El abogado del acusado ha solicitado que se considere un atenuante bajo el artículo 21 del Código Penal debido a la alteración psíquica que Dilawar presenta. Según la defensa, su cliente estaba sufriendo un importante trastorno de personalidad que distorsionaba su percepción del entorno y desencadenó su conducta violenta.

En sus alegatos, el letrado también ha enfatizado que el acusado actuó bajo un intenso estado emocional, una circunstancia que el Derecho Penal reconoce como una atenuante en situaciones de arrebato o desesperación. El abogado defensor ha insistido en que las circunstancias personales de Dilawar deben ser tenidas en cuenta, subrayando que confesó el asesinato por un genuino sentimiento de arrepentimiento.

A lo largo del juicio, se ha mencionado que la relación de Hussein con las víctimas se deterioró, ya que él había quedado en condiciones de vulnerabilidad económica debido a deudas que las hermanas mantenían con él, lo que exacerbó su desesperación emocional tras la pérdida de su madre. El letrado ha argumentado que esta presión constante lo llevó a actuar de manera violenta, convencido de que las hermanas eran responsables de su infortunio.

Se ha revelado que las víctimas habían sido objeto de una estafa amorosa a través de internet que los obligó a pedir dinero prestado a Dilawar, a quien conocían por haberle alquilado previamente una habitación. Según informes, las hermanas quedaron atrapadas en un complicado entramado de engaños que las llevó a una profunda crisis económica.

A pesar de varias denuncias por acoso y amenazas, un juez de Alcalá de Henares había impuesto en septiembre de 2023 una orden de alejamiento contra el acusado en relación con una de las hermanas, lo que complicaba aún más la situación personal del acusado antes del trágico desenlace.

En enero de 2024, los vecinos alertaron sobre la desaparición de las tres hermanas, que no las habían visto en varias semanas. Esto condujo a un descubrimiento macabro: los cuerpos de las víctimas fueron hallados dentro de su vivienda, carbonizados y apilados, después de que el acusado, según las investigaciones, utilizara una barra de hierro para matarlas.

La detención de Dillawar se llevó a cabo el 22 de enero de 2024, tras su confesión a la Guardia Civil. Desde entonces, el tribunal ha de decidir si el acusado era plenamente consciente de sus actos en el momento de cometer el crimen, dado su historial de problemas de salud mental que incluyen rasgos paranoides, aunque esto no le exime de responsabilidad legal.

En un giro inquietante de los acontecimientos, se ha informado que, ya en prisión, Dilawar agredió a un compañero de celda, lo que pone de manifiesto su naturaleza violenta. Según se ha indicado, este caso se encuentra en sus etapas finales, y el juicio se organizará nuevamente con jurado popular dentro del próximo año.

Los hechos que llevaron a este dramático crimen se produjeron el 17 de diciembre de 2023, cuando el acusado accedió al hogar de las tres víctimas. Tras saltar un muro, agredió a uno de los hermanos, J. G. A., con un objeto contundente, provocándole la muerte a causa de traumatismos severos. Este patrón de violencia se repitió con los otros dos hermanos, F. A. G. y F. M. A. G., a quienes también les causó la muerte de la misma forma brutal.

Después de cometer los homicidios, el acusado prendió fuego a los cuerpos, agravando aún más la atrocidad de sus crímenes. Fue finalmente detenido el 22 de enero, y el juez de instrucción dispuso su encarcelamiento sin posibilidad de fianza.

El tribunal tendrá que analizar si el acusado poseía sus capacidades mentales alteradas al realizar el crimen, teniendo en cuenta la información que se recabó en una evaluación psicológica que se realizó tras su arresto. Esta situación es crucial, puesto que la posible influencia de su trastorno mental puede afectar el dictamen final sobre la duración de su pena.