Crónica Madrid.

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El Gobierno presiona a municipalidades de Madrid para implementar Zonas de Bajas Emisiones under threat of losing state aid

El Gobierno presiona a municipalidades de Madrid para implementar Zonas de Bajas Emisiones under threat of losing state aid

El Gobierno exige a los alcaldes de Arganda del Rey, Aranjuez y Valdemoro activar las Zonas de Bajas Emisiones

MADRID, 20 Sep.

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, la Delegación del Gobierno en Madrid ha enviado cartas a los alcaldes de Arganda del Rey, Aranjuez y Valdemoro, instándoles a implementar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en cumplimiento con la Ley de contra el Cambio Climático que les aplica por tener más de 50.000 habitantes.

Arganda del Rey recibió un requerimiento previo del Ministerio de Transición Ecológica este verano al que no respondió, mientras que los otros dos municipios contestaron con respuestas evasivas. Según el comunicado oficial, estos municipios han dejado claro que no tienen intenciones de cumplir con la legislación vigente.

En las cartas enviadas se advierte que los municipios que no cumplan con las normativas establecidas no recibirán ayudas estatales para el transporte público a partir del año 2025.

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, establece que los municipios superiores a 50.000 habitantes deben implementar medidas de movilidad urbana sostenible antes de 2023, incluyendo la creación de Zonas de Bajas Emisiones como parte de las estrategias para reducir la contaminación y las emisiones derivadas de la movilidad.

La Delegación del Gobierno recalca que la activación de estas ZBE es una obligación legal que permitirá cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del cambio climático y mejorar la calidad del aire en cada municipio.

Francisco Martín, delegado del Gobierno, enfatiza que la implementación de las ZBE es fundamental para cumplir con los compromisos climáticos y mejorar la calidad de vida de los residentes, ya que la calidad del aire tiene un impacto directo en la salud. Se advierte a los alcaldes que, de persistir en el incumplimiento de la ley, los municipios perderán el acceso a las ayudas estatales al transporte público, pidiéndoles responsabilidad en beneficio de la comunidad.