Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, ha reafirmado su inocencia en el proceso judicial que se desarrolla en torno al nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Durante su comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado, Aguirre negó haber tenido alguna participación en la decisión que ha desatado la investigación por malversación.

El encuentro con el magistrado fue breve, de apenas unos minutos, en los que Aguirre contestó preguntas formuladas por su abogado. A la salida del juzgado, el delegado se mostró sereno, afirmando: “Nunca he estado involucrado en el nombramiento por el cual se me ha citado y estoy tranquilo, porque esto terminará sin consecuencias, ya que no hay fundamentos”.

La investigación que afecta a Martín Aguirre se origina a raíz de una querella presentada por el partido Vox, que imputa responsabilidades al delegado por su supuesta implicación en el nombramiento de Álvarez. En su declaración, el magistrado lo ha citado concretamente por su papel como secretario general de la Presidencia cuando se tomó la decisión.

Aguirre, quien ocupó el puesto de jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia en 2018 y posteriormente fue nombrado secretario general en 2021, ha enfatizado que la citación judicial es incomprensible. Fuentes cercanas al caso informan que la Fiscalía ha solicitado la anulación de su imputación ante la falta de evidencia concreta.

Con respecto a su futuro legal, Martín Aguirre ha dejado todo en manos de la Audiencia Provincial, subrayando la irracionalidad de la citación y esperando un desenlace favorable tras su recurso. Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con la Justicia y su confianza en el sistema legal español.

En otro desarrollo relacionado, Raúl Díaz, quien desempeñó el cargo de coordinador de personal en Moncloa en 2018, también fue citado a declarar, esta vez como testigo. Díaz, quien asistió a los Juzgados de Plaza de Castilla, indicó no haber tenido poder sobre el reclutamiento de personal eventual en la Presidencia y sostuvo que Cristina Álvarez cumplía adecuadamente con sus funciones.

El juez ha solicitado a Díaz que aporte más información para continuar su declaración en futuras comparecencias, lo que sugiere que la investigación aún está en curso. Además, se conoció que se están realizando indagaciones sobre vínculos entre el software de la Universidad Complutense y posibles irregularidades asociadas a Begoña Gómez.

En este contexto, varios testigos de empresas como Google, Indra y Telefónica aportaron su testimonio relacionado con las inversiones en el software vinculado a la cátedra que dirige la esposa del presidente. Los representantes de estas compañías dejaron claro que su colaboración era parte de un esfuerzo mayor por la transformación digital en España.

Entre los testigos, Miguel Rodríguez Bueno, de Google, y Luis Abril, de Indra, explicaron que habían aportado sumas significativas al desarrollo de este software. Por su parte, Rosauro Varo, vicepresidente de Telefónica, destacó que su relación con Begoña Gómez es estrictamente profesional y atribuyó la iniciativa de la inversión a la propia Gómez.